Los correos electr?nicos que tiene en su poder el juez de Tarragona Rubén*Rus*Vela, que investiga si los miembros del despacho Equipo Econ?mico (EE), fundado en 2006 por el exministro del PP*Crist?bal Montoro,*usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, revelan un intercambio de documentaci?n del caso B?rcenas entre la c?pula del Ministerio de Hacienda encabezado por Montoro y el Partido Popular.

EL PERI?DICO DE ESPA?A, del mismo grupo editorial, ha consultado el contenido de un correo electr?nico, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, que evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instru?a en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, tal y como ha informado este peri?dico, sino que la c?pula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervenci?n General del Estado (IGAE) del caso B?rcenas, pese a que esta formaci?n pol?tica no estaba personada en la causa.

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Recreaci?n de un correo electr?nico sobre el caso B?rcenas.
Nacho Garc?a
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En concreto, el 21 enero 2015 el entonces jefe de gabinete del Ministerio, Felipe Mart?nez Rico, le envi? a Montoro un correo que inclu?a un informe que hab?a elaborado en 2014 la Intervenci?n General del Estado (IGAE): "Es al que te hab?an hecho referencia (dispon?a de él el Partido y nos lo ha facilitado)", dice de forma literal el 'email'. En esa fecha, el juez Ruz todav?a no hab?a finalizado sus pesquisas y la formaci?n pol?tica conservadora no hab?a sido considerada responsable civil subsidiaria por pagar con dinero opaco las obras de su sede madrile?a. Sin embargo, este partido s? hab?a permanecido como acusaci?n en el pieza principal del caso Gürtel hasta que fue expulsado en septiembre de 2014.

El auto de transformaci?n -la resoluci?n con la que el juez acord? seguir los tr?mites para que las partes pudieran presentar alegaciones a efectos de la apertura del juicio oral- no fue dictado hasta el 23 de marzo de 2015, es decir, dos meses después del correo electr?nico enviado por Mart?nez Rico a Montoro. Sin embargo, siempre seg?n el contenido de los mensajes de los altos cargos de Hacienda, esta formaci?n pol?tica entreg? a la c?pula de Hacienda el escrito de la IGAE, organismo dependiente del Ministerio entonces encabezado por Montoro.

"Gabinete de la VP"

El 2 febrero de 2015, Felipe Mart?nez Rico remite a Montoro otro email en el que asegura haber entregado informaci?n "al gabinete de la VP". Las fuentes consultadas sospechan que podr?a tratarse de la Vicepresidencia del Gobierno de Mariano Rajoy, entonces a cargo de Soraya S?enz de Santamar?a. Los datos que se aportan tienen relaci?n con el cambio legislativo que permit?a imputar un delito a las personas jur?dicas, en este caso al PP: "A partir de la reforma del C?digo Penal, que entr? en vigor en 2010. S? podr?a solicitarse a persona f?sica (tesorero o responsable de éste), y la responsabilidad podr?a solicitarse en grado de delito penal o responsabilidad civil", completa el mensaje, que después apunta que el juez hab?a ofrecido "a la Agencia Tributaria-Abogac?a del Estado que se persone, ante la existencia de delito contra la Hacienda P?blica".

En el correo electr?nico aludido el jefe de gabinete detalla a Montoro que "las cuant?as del delito difieren seg?n las cifras de las certificaciones (CER) o de los 'papeles' (PB)", en referencia a la 'caja b'. Este dinero lo gestionaba Luis B?rcenas con fondos opacos donados por empresarios cercanos a la formaci?n conservadora. La suma total bajo sospecha superaba los 1,3 millones de euros.

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La ex fiscal general Consuelo Madrigal durante la primera toma de posesi?n de Alejandro Luz?n como fiscal jefe de Anticorrupci?n.
EFE
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Un nuevo email, de 21 de enero de 2015, que tiene en su poder el juez de Tarragona Rubén*Rus*Vela, aporta una "nota resumen del informe de la Agencia Tributaria (AEAT), de auxilio judicial" que adelantaba al ministro que s?lo esta instituci?n hab?a encontrado "elementos relevantes". "Este informe, con toda probabilidad, va a considerar la existencia de delito fiscal de [la empresa que hizo la reforma de la sede] Unifica por el Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2007. La facturaci?n de Unifica al Partido, por s? misma, determina cuota de delito. […] Aplicando la 'doctrina Castro', el Partido ser?a considerado colaborador necesario (no ser?a responsabilidad civil como a Mato, sino que entrar?a en el proceso penal como colaborador necesario)", advierte de forma literal el correo electr?nico, cuyo contenido ha podido ser consultado por esta redacci?n. Unifica es el nombre de la empresa a la que el PP pag? m?s de un mill?n de euros en 'b' para reformas su sede en la madrile?a Calle de Génova.

"Colaborador necesario"

En el mismo sentido, un mensaje de 29 de enero de 2015 del jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, que lleva como t?tulo "Nota acusaci?n AdE Gurtel I", dice de forma literal: "Ministro, para la reuni?n de las 9:30h. Te copio la nota resumen que ten?as ya la semana pasada sobre la instrucci?n de la causa de financiaci?n del PP".

Y el 26 marzo de 2015 Felipe Mart?nez Rico, tras la decisi?n del juez Ruz de dictar un auto en el que daba por probada la caja 'b' del PP, vuelve a comunicar al ministro en un correo identificado como "Reuni?n previa VP" m?s datos en relaci?n al caso: “Te adjunto la ?ltima nota resumen del auto del juez Ruz. De lo comentado esta tarde en el comité”. “En las pr?ximas semanas las partes deber?n decidir si formulan acusaci?n. Para dar este paso, la Abogac?a del Estado, lo m?s probable, es que solicite criterio a la AEAT (que preferir?a que no le preguntasen). Si le preguntan, mantiene su criterio: no hay delito en el PP, s? en Unifica. PSOE y IU pedir?n la imputaci?n de los secretarios generales, el PP se personar? al considerar el juez la responsabilidad civil del partido".

Un p?rrafo m?s abajo informan a Montoro de que el Ministerio de Justicia se estaba planteando la posibilidad de que la Abogac?a del Estado presentara un recurso ante el juez: "Y también se solicitar?n argumentos de la AEAT, pero decidir?a la Sala de lo Penal, que ya en anteriores ocasiones ha considerado que una donaci?n ilegal no deber?a estar exenta de tributaci?n del impuesto de sociedades. Queda la posibilidad de que la Sala, a?n apart?ndose del criterio de la AEAT calculase que la cuota no llega a 120.000 (y no hubiese delito)", zanja Mart?nez Rico.



"Informaci?n sensible"

Un informe de la ONIF dirigido al juez de Tarragona ha calificado los emails aportados a la causa en tres tipos.Los primeros son los "relativos al tratamiento de informaci?n sensible y legalmente protegida". Los segundos son los relacionados "a una eventual intervenci?n sobre decisiones de funcionarios p?blicos". Y en ?ltimo término estar?an "los relativos a hechos recogidos en los informes policiales o en la denuncia obrante en la causa", seg?n la documentaci?n del sumario del caso, que ha podido ser consultada por esta redacci?n.

Sin embargo, el jefe de la Fiscal?a Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, considera que no son relevantes desde un punto de vista penal. Y por ello, ha promovido un expediente contra la fiscal del caso Carmen Garc?a Cerd?, a quien acusa de desobediencia por no acatar su orden de que los mensajes no deben ser analizados.

Un expediente a la fiscal

Los emails, que evidencian las maniobras de la c?pula de Hacienda con Montoro de ministro, est?n en poder del titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Econ?mico (EE), que fund? en 2006 Montoro y del que se desvincul? dos a?os después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, seg?n especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacci?n.

El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electr?nicos que el jefe de Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, ha ordenado a la fiscal Carmen Garc?a Cerd? que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupci?n conmin? a la fiscal, "ante las discrepancias ya surgidas en relaci?n con la direcci?n de esta causa", que se sometiera "al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos" sobre el procedimiento.

Adem?s, Luz?n ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal Garc?a Cerd?, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelaci?n de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacci?n. Finalmente, el promotor de la acci?n disciplinaria del Ministerio Fiscal, Manuel Moix, ha finalizado su pliego de cargos contra la fiscal Carmen Garc?a Cerd?, en el que propone una sanci?n de 1.000 euros por desobedecer a su jefe. Sin embargo, el que tiene la ?ltima palabra es el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz, que tendr? que refrendar o no la decisi?n de Moix.

De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusaci?n, la fiscal podr?a ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta ?ltima acarrear?a su expulsi?n de Anticorrupci?n, y por tanto del procedimiento.

El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Mart?nez Rico, uno de los autores de los correos electr?nicos, es hermano de Ricardo Mart?nez Rico, que est? imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también est?n investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Econ?mico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este ?ltimo dirigi? la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fund? Montoro en 2006.







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