La sentencia sobre la trama del caso P?nica en Le?n, que libra de penas de c?rcel al expresidente de la diputaci?n provincial Marcos Mart?nez Baraz?n y al resto de implicados, allana el camino a los imputados en las piezas pendientes en las que se buscan condenas por los trabajos reputacionales realizados por el empresario Alejandro de Pedro a determinados ex altos cargos del PP madrile?o.

En la trama leonesa, y en contra del criterio de la Fiscal?a Anticorrupci?n, la Sala ha absuelto a los procesados de los delitos continuados de fraude a la administraci?n, falsificaci?n en documento mercantil en concurso con malversaci?n de caudales p?blicos y cohecho de los que ven?an siendo acusados por la tramitaci?n de los contratos para los citados trabajos de posicionamientoonline. ?nicamente se dictan condenas por prevaricaci?n, que no suponen c?rcel.

En la sentencia sobre Le?n, la Sala integrada por los magistrados Francisco Vieira, Jes?s Eduardo Gutiérrez y Mar?a Fernanda Garc?a concluye que "no existen datos claros y evidentes de que esas publicaciones tuvieran un car?cter privado o personal, sino predominantemente institucional, siendo realmente dif?cil disociar la persona en s? misma considerada, m?xime cuando todas esas noticias estaban relacionadas directa o indirectamente con la actividad p?blica de tales personas". A?aden que entre lo publicado por De Pedro no encuentran noticias que refirieran a la vida particular o actividades estrictamente personales de los altos cargos.

Se trata de un criterio ya adoptado en su d?a por la Fiscal?a del propio Tribunal Supremo, que no vio delito en la naturaleza de trabajos idénticos por los que fue investigada la que fuera senadora del PP y alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro. Este procedimiento fue archivado por la magistrada del alto tribunal Ana Ferrer en octubre de 2018.

Para el Tribunal, tampoco ha quedado probado que las facturas giradas a la administraci?n leonesa por la empresa de De Pedro Madiva no se correspondieran con trabajos efectivamente realizados.*

As?, y una vez examinadas las pruebas -muy similares a las recogidas en la causa pendiente en Madrid, ya que se utiliz? el mismomodus operandi en diferentes territorios en los que gobernaba el PP-, la Sala destaca el car?cter indisociable entre el nombre de la persona y el cargo que representa a la hora de analizar la naturaleza p?blica o privada de estos trabajos reputacionales. La decisi?n es de especial trascendencia, pues sobre las caracter?sticas de las publicaciones pivota gran parte de la acusaci?n en toda la macrocausa.

Piezas pendientes

El asunto de los contratos reputacionales sigue pendiente en dos piezas diferentes de la trama P?nica referidas en Madrid. La principal es la numero 9, m?s conocida como la de la presunta 'caja B' del PP de Madrid, pero también se investigaron contratos de reputaci?n online en la n?mero 10, en la que estuvo implicada la exonsejera de Educaci?n Luc?a Figar aunque causa contra ella ha sido inicialmente archivada.

Respecto de la presunta 'caja B', el pasado mes de octubre, el juez instructor Manuel Garc?a Castell?n propuso juzgar por esta pieza a un total de ocho personas, entre ellas el que fuera gerente de la formaci?n conservadora en Madrid Beltr?n Gutiérrez y el ex secretario general del partido Francisco Granados, por la financiaci?n irregular en las elecciones auton?micas de 2011 y los contratos de posicionamiento online.

En la misma resoluci?n archiv? el procedimiento contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz?lez, que no se sentar?n en el banquillo de los acusados, como tampoco lo har? el exconsejero Salvador Victoria, posteriormente exonerado.

Los otros implicados que s? ser?n procesados son los excargos de la Comunidad de Madrid Borja Sarasola, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Mart?nez Nicol?s, y los empresarios Alejandro de Pedro y Diego Mora, as? como las personas jur?dicas EICO Reputaci?n Management y Madiva Editorial.

Los hechos relatados en el auto de pase a procedimiento abreviado se tipifican como delitos de prevaricaci?n administrativa, delito electoral y tr?fico de influencias, pero también como malversaci?n de caudales p?blicos, fraude en la contrataci?n, falsificaci?n y cohecho, siendo estos ?ltimos los que no han llevado a ninguna condena en el caso de la trama leonesa.

En su resoluci?n titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 6 rechazaba la petici?n de las acusaciones populares del PSOE y de la Asociaci?n de Abogados por Europa (Adade) para investigar al PP como persona jur?dica en relaci?n con los hechos. Las acusaciones recurrieron y el asunto est? a?n pendiente de ser resuelto por la Sala de lo Penal.



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