Enfrentamiento a cara de perro. Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, que acusaron en el Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas en la causa del procés, ya han respondido a la orden por la que el fiscal general del Estado les impone informar a favor de la aplicaci?n de la ley de amnist?a para todos los delitos, incluida la malversaci?n agravada, y de que*se levanten las ?rdenes de detenci?n*que afectan procesados a?n fuera de Espa?a. En un breve escrito de dos p?ginas, al que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A, afirman que no cambiar?n su postura inicial, contraria a aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Marta Rovira la ley impulsada por el Gobierno y sus socios, y califican la imposici?n de ?lvaro Garc?a Ortiz de "improcedente y contraria a las leyes".

Adem?s, reclaman que se justifique por escrito que se les releva del asunto y que el informe final lo firmar? el fiscal general o a quien éste designe. En consecuencia con todo ello, *invocan el art?culo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que es el que se activa en caso de diferencia de criterios entre un fiscal y su superior. Ello obliga a convocar a Junta de Fiscales de Sala, el m?ximo ?rgano consultivo de la carrera, en la que los 38 miembros en la c?pula de la carrera participar?n en la fijaci?n de un criterio final, si bien la decisi?n ?ltima es de Garc?a Ortiz. Todos ellos est?n citados ya para dicha reuni?n a las 9.30 de la ma?ana del pr?ximo 18 de junio.

Los fiscales del Supremo consideran que los argumentos expuestos en su decreto por el fiscal general para justificar la "aplicaci?n incondicional de la ley de amnist?a" a la malversaci?n cometida por los procesados del 1-O "no desvirt?an en absoluto" los criterios jur?dicos que ellos argumentaron en sus informes iniciales, de manera que son "manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad" de la orden de Garc?a Ortiz.

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"A nuestro juicio la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios m?s elementales de la l?gica jur?dica y de legalidad penal exigibles en la interpretaci?n y aplicaci?n de las normas", afirma de forma rotunda el escrito que firma Zaragoza en representaci?n de sus compa?eros, justificando su negativa a acatar las ?rdenes del superior.

En el decreto de 133 p?ginas en el que ordena una postura favorable a la amnist?a, Garc?a Ortiz se?ala que razona que los fiscales que participaron en el juicio en el Tribunal Supremo*confunden en su informe el "?nimo de lucro" que exige el delito de malversaci?n con el "enriquecimiento personal de car?cter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnist?a considera no amnistiables.*Agrega que los hechos no produjeron una afectaci?n directa a los intereses financieros de la Uni?n Europea, una cuesti?n que el propio instructor de la causa, Pablo Llarena, apunta en sus primeras resoluciones como principal escollo para la aplicaci?n de la ley.

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En su decreto, el fiscal general se muestra adem?s muy duro con los fiscales rebeldes. alude a que los borradores de informe presentados utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jur?dico, que "comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal*y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes"



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