El informe que entreg? el 7 de mayo la Guardia Civil lo dej? claro: la narcolancha en la que iba Kiko el Cabra no fue la que arroll? y mat? a los dos guardias civiles en Barbate. Aun as?, la jueza al cargo de la investigaci?n deneg? la petici?n de libertad del principal investigado el 10 de mayo, bas?ndose en la acusaci?n de los delitos de contrabando y pertenencia a organizaci?n criminal. Once d?as después, la magistrada aplica el mismo criterio a otros dos de los seis detenidos, Mustafa C. y David G.N., en prisi?n provisional desde el 12 de febrero.

Tal como confirman fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucci?n n?mero 1 de Barbate ha desestimado estas peticiones "al entender que, pese a dicho informe, los encausados est?n siendo investigados por supuestos delitos de contrabando cometidos en el seno de un grupo u organizaci?n criminal, resistencia y desobediencia a agente de la autoridad". Estas acusaciones, de demostrarse ciertas, podr?an acarrear en total "una pena grave de hasta ocho a?os y medio de c?rcel".

El arraigo que han invocado los abogados de los dos detenidos no es motivo suficiente para la jueza. Asimismo, el auto recoge que David G.N. cuenta con "antecedentes policiales y est? siendo investigado actualmente en otros dos procedimientos judiciales".

Ambos autos dictados son recurribles, seg?n precisan fuentes del TSJA. De hecho, la Audiencia Provincial de C?diz "tiene pendiente resolver varios recursos de apelaci?n presentados por otros investigados" que piden también la libertad provisional.

La magistrada abri? diligencias contra los mandos de la Guardia Civil

La jueza admiti? a tr?mite hace dos semanas la denuncia de la AUGC contra los mandos de la Guardia Civil que dieron la orden a los agentes de intervenir aquel 9 de febrero. Los dos miembros de la Benemérita denunciados son el general jefe de Zona de Andaluc?a y el coronel de la Comandancia de C?diz.

La denuncia gira en torno a una supuesta infracci?n contra la normativa de prevenci?n de riesgos laborales, prevista en el art?culo 316 del C?digo Penal, bajo el supuesto de que no se hubiera facilidado a los trabajadores "los medios necesarios" para "desempe?ar su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas" poniendo "en peligro grave su vida".

Tal como explic? la AUGC en un comunicado, "este grave suceso ha de tener responsables, tanto para los narcotraficantes como a nivel interno".



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