La coalici?n de Gobierno afront? esta semana, a las puertas de la campa?a de las europeas, su momento m?s cr?tico desde la conformaci?n del Ejecutivo hace medio a?o. El grupo parlamentario de Sumar se posicion? en contra de la ley del suelo que hab?a pasado antes por el Consejo de Ministros. Su rechazo, unido a la amenaza del PP de no acudir al rescate del Gobierno, oblig? a la ministra de Vivienda a retirar la norma antes de someterla a votaci?n. En las horas previas, la parte socialista de la coalici?n no escond?a su cabreo por lo que tildaron como una falta de lealtad de sus socios. Uno de los ministros del n?cleo duro del presidente del Gobierno incluso alerta sobre que “no hab?a llegado a pasar eso nunca” con Unidas Podemos. Sus anteriores socios y quienes presuponen una actitud menos constructiva que el espacio liderado por Yolanda D?az. Esto es, boicotear una norma salida directamente del Gobierno.

Apenas 48 horas antes de retirar la norma para no sufrir una derrota parlamentaria, Sumar dej? solos a los socialistas en su ley contra el proxenetismo. Se trataba de una iniciativa del grupo parlamentario socialista, pero igualmente visibiliz? una divisi?n en el seno del Gobierno en materia de Igualdad, al estar presente durante el debate y defender la medida la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Las pol?ticas feministas fueron un constante foco de conflicto en la pasada legislatura entre morados y socialistas, cuando este departamento estaba en manos de la dirigente de Podemos y ahora su cabeza de lista a las elecciones europeas, Irene Montero.

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Desde Moncloa se?alan con preocupaci?n que las decisiones de Sumar estén comenzando a estar condicionadas por los morados. “Se miran unos a otros por el retrovisor”, reprocha uno de los colaboradores de Pedro S?nchez para explicar la posici?n de los de Yolanda D?az.

Esta pugna por el espacio a la izquierda del PSOE entre Sumar y Podemos, optando los primeros por marcar perfil dentro de la coalici?n, a?ade m?s inestabilidad a una legislatura ya de por s? compleja por la minor?a parlamentaria del Gobierno. El Gobierno depende de todos sus socios de investidura para sacar adelante su agenda legislativa, que no acaba de desplegarse, y est? obligado a hacer equilibrios.

Rivalidades en el bloque de investidura

A la competici?n entre Sumar y Podemos, se a?ade la que mantienen EH Bildu y PNV, por un lado, y ERC y Junts, por otro. En el Gobierno, adem?s, est?n a la espera de qué rumbo siguen los independentistas catalanes si, como esperan, se produce una investidura del socialista Salvador Illa como 'president' de la Generalitat, y c?mo resuelven sus debates org?nicos. No ser? hasta “ver c?mo respiran” tras estos procesos cuando retomen las negociaciones para los Presupuestos.

En la parte socialista de Gobierno atribuyen los ?ltimos choques con sus socios de coalici?n al contexto electoral de las europeas. Los socialistas tratan de aglutinar el voto del bloque progresista para recortar distancias con el PP y de ah? que Sumar trate de diferenciarse y marcar perfil de izquierdas. No en vano, desde el espacio liderado por Yolanda D?az calificaron la decisi?n de retirarse la reforma de la ley del suelo como una “victoria de la izquierda”.

Agenda legislativa tras el 9N

El PSOE conf?a as? en encauzar sus relaciones con Sumar después del 9N. Tras hacer control de da?os por el varapalo parlamentario sufrido esta semana los socialistas han pasado del cabreo inicial a intentar rebajar la amenaza de bloqueo legislativo. Tanto porque sus socios de coalici?n normalizar?n las relaciones cuando se supere este semestre electoral, como por su confianza en que los independentistas asumir?n la realidad de las urnas con el mensaje de “pasar p?gina” del ‘procés’. De hecho, se?alan que reactivar?n la agenda antes de verano.

La siguiente gran reforma que se llevar? al Congreso ser? la de extranjer?a, para el reparto a las comunidades aut?nomas de los menores migrantes que llegan a las costas canarias. Una iniciativa que se prevé presentar conjuntamente con Sumar y para la que esperan el apoyo del PP. Es m?s, no se esperan dar pasos en la norma pactada con el gobierno canario, del que forman parte los populares en el bipartito liderado por Coalici?n Canaria, si es con la “firma” del principal partido de la oposici?n. Y es que una reforma de este calado precisa de un amplio consenso, también con las comunidades auton?micas.



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