Culpable de asesinar a su pareja administr?ndole durante meses grandes cantidades de laxantes hasta provocarle una diarrea aguda que fue "la causa determinante de su muerte". As? lo ha declarado el jurado popular, que ha dictado su veredicto de culpabilidad contra Mari Carmen B. G., la conocida como la 'envenenadora de los laxantes' de Valencia. También la consideran responsable de desvalijar las cuentas de su v?ctima durante los siete meses que estuvo hospitalizado, tanto con extracciones bancarias, como con compras con sus tarjetas y con dos préstamos a su nombre, cuyo importe total asciende a los 135.000 euros.

Tras el contundente veredicto de culpabilidad del jurado, la Fiscal?a y las acusaciones particulares, ejercidas por los letrados Andrés Zapata y V?ctor Gonz?lez, han solicitado el ingreso en prisi?n provisional de la acusada.

El jurado ha considerado probado que Mari Carmen B. G. administr? a su pareja, Salvador Vendrell, de 69 a?os, de manera continuada diversos laxantes que iba comprando en grandes cantidades entre septiembre de 2020 y abril de 2021, tiempo en el que la v?ctima estuvo ingresado en el Hospital IMED de Valencia. Los miembros del jurado entienden que la acusada era perfectamente conocedora de los efectos de estos f?rmacos, precisamente por haberlos estado consumiendo desde muy joven, y que conoc?a las diversas patolog?as que padec?a Salvador.

As?, queda acreditado que la procesada le suministraba dichos laxantes de forma intencionada “sabiendo y aceptando que con ello podr?a causarle la muerte”. Como as? fue, cuando el 16 de abril de 2021 Salvador falleci? tras sufrir un cuadro de diarrea cr?nica y funcional refractaria a cualquier tipo de tratamiento durante meses, que llev? a su deshidrataci?n y deterioro progresivo e irreversible de su estado.

El shock séptico severo que oblig? a ingresar en la UCI del citado hospital a Salvador el 21 de marzo de 2021, y que finalmente llev? a su muerte, fue causado por la administraci?n de los laxantes que la acusada le estuvo dando a Salvador en los meses en los que estuvo ingresado, seg?n ha declarado probado el jurado.

Todo ello lo realiz? la acusada, que ejerci? de acompa?ante y cuidadora de Salvador durante su estancia hospitalaria. Para evitar que sus hijos pudieran ir a visitarlo y lograr su prop?sito de estar a solas con él y tenerlo a su merced, Mari Carmen convenci? a su pareja para que le ordenara a los médicos que no informaran a nadie de su evoluci?n, salvo a ella y al propio paciente. Dentro de este plan de aislamiento también le quit? el teléfono m?vil a su v?ctima.

El m?vil econ?mico

De igual modo, los miembros del jurado también han declarado probado que desde octubre de 2020 hasta la muerte de su v?ctima, la acusada realiz? un total de 152 extracciones de dinero en distintos cajeros con las tarjetas de crédito de Salvador por un importe de 88.110 euros, solicit? dos préstamos de 9.900 y 3.300 euros haciéndose pasar por este, hizo diversas compras por un total de 31.448 euros con la tarjeta oro de su pareja mientras sufr?a una diarrea aguda en el hospital, as? como otras 34 compras en El Corte Inglés con la tarjeta personal de Salvador que ascend?an a otros 2.758 euros. Todas estas operaciones fueron realizadas sin el consentimiento de su v?ctima, como as? ha estimado probado el jurado.

Vulnerabilidad de la v?ctima

Por todo ello, el jurado ha declarado a la acusada culpable de haber matado de forma intencionada a Salvado "suministr?ndole de manera subrepticia laxantes" durante su ingreso hospitalario sin que nadie pudiera detectarlo. Adem?s se aprovech? de las situaci?n de desvalimiento (por su estado de salud) de su v?ctima y de la relaci?n de confianza que ten?a con él tanto para la comisi?n del asesinato como de la estafa.

También se le aplica la agravante de parentesco, que no admit?a discusi?n, al haber tenido una relaci?n sentimental con Salvador desde 2019, iniciando la convivencia en marzo de 2020 en el chalet de la Canyada del fallecido.

Los miembros del jurado popular también se han pronunciado en contra de que se le conceda cualquier tipo de beneficio, suspensi?n de la pena, o el indulto total o parcial de la pena que le sea impuesta por el magistrado. El Ministerio Fiscal solicita para la acusada una pena de 23 a?os de prisi?n por un delito de asesinato y otros cinco a?os y tres meses de c?rcel por los delitos continuados de estafa y falsedad documental.



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