El Tribunal Constitucional ha dado la raz?n a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza Magdalena ?lvarez y ha estimado por siete votos frente a cuatro su recurso de amparo contra su condena de prevaricaci?n por el caso de los ERE, al declarar que una ley de presupuesto no puede considerarse un acto administrativo, que un juez puede declarar arbitrario sin haber elevado antes la pertinente consulta al ?rgano de garant?as.

Fuentes del alto tribunal se?alaron a EL PERI?DICO que la votaci?n se ha producido seg?n el reparto de sensibilidades que se reproduce en el Constitucional cuando aborda un caso con trascendencia pol?tica. La mayor?a progresista ha votado a favor de rebajar las condenas impuestas en la causa por prevaricaci?n, al entender que, como argumentaba la Fiscal?a ante el Constitucional, ejecutar leyes de presupuestos no pueden considerarse actos arbitrarios.

Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepci?n Espejel, Ricardo Enr?quez y César Tolosa han anunciado la redacci?n de votos particulares en contra de la decisi?n de la mayor?a que marca el camino a seguir al resolver el resto de recursos de los condenados. El de José Antonio Viera fue rechazado por defectos formales.

De esta forma el Constitucional establece que no se puede declarar ilegal una ley sin haber intervenido él mismo, ya que las leyes no pueden considerarse*meros actos administrativos. Tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo, al avalar las condenas impuestas, entendi? que los anteproyectos de ley de presupuestos fueron actos administrativos, pese a ser actos del Gobierno.

La ponencia de la magistrada*Inmaculada Montalb?n diferencia entre actos administrativos y de Gobierno*y pasa por determinar si ejecutar una ley de presupuestos puede ser un acto arbitrario. Adem?s, distingue entre actos previos realizados entre 2000 y 2001 y las leyes aprobadas entre 2002 y 2009, consistentes en*programas presupuestarios con controles a posteriori de subvenciones.

?lvarez fue*inhabilitada para ejercer cargo p?blico durante nueve a?os*por un delito de prevaricaci?n en el 'caso de los ERE’. La ponencia de Montalb?n coincide con el criterio de la Fiscal?a, que a principios de a?o inform? al ?rgano de garant?as de que la eventual revisi?n de penas de los ERE solo*deb?a afectar al delito de prevaricaci?n "en relaci?n con la elaboraci?n y aprobaci?n de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andaluc?a y su remisi?n al Parlamento auton?mico.

El ministerio p?blico considera que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretaci?n excesiva del delito de prevaricaci?n por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa. El Constitucional coincide con ella en que el juez instructor*deber?a haber planteado una cuesti?n de inconstitucionalidad ante el propio TC*si albergaba dudas sobre la legalidad de ley.



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