Ana Mill?n, n?mero 3 de Isabel D?az Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid y vicesecretaria de Organizaci?n del Partido Popular a nivel regional, ser? investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusada de cuatro presuntos delitos de corrupci?n. Los hechos, que supuestamente se produjeron mientras ella la exalcadesa a?n era concejala de Arroyomolinos, podr?an ser constitutivos de delitos de prevaricaci?n, cohecho, tr?fico de influencias y fraude contra la administraci?n p?blica.

As? consta en un auto adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, de Prensa Ibérica,, en el que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci?n n?mero 6 de Navalcarnero ha decidido inhibirse a favor del m?ximo tribunal de la regi?n.

Lo ha hecho, seg?n explica la jueza, por la condici?n de aforada de Mill?n a ra?z de los sucesivos ascensos que ha ido recibiendo por parte de Isabel D?az Ayuso pese a que estaba siendo investigada por estos hechos desde octubre de 2020, cuando su caso se desgaj? definitivamente de la macrocausa del caso P?nica.

Alquiler de un ?tico

Lo sucedido tiene dos grandes protagonistas: por una parte, Ana Mill?n, que fue alcaldesa de Arroyomolinos hasta las elecciones de 2023, cuando Ayuso la encumbr? como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organizaci?n del PP a nivel regional; por el otro Francisco Rosell?, un contratista del ayuntamiento investigado y que supuestamente habr?a pagado m?s de 50.000 euros a Mill?n como resultado de esas adjudicaciones.

Entre 2006 y 2011, cuatro empresas de Rosell? resultaron adjudicatarias de 395.191 euros de contratos provenientes de la Concejal?a de Juventud, donde en ese momento ejerc?a Mill?n como concejala. Sin embargo, y tal y como se?ala la Guardia Civil, en cuanto ella abandon? ese departamento, las adjudicaciones a las empresas de Rosell? cesaron.

La jueza, durante la instrucci?n, habl? de la "diferencia de trato" dispensada por Mill?n hacia las empresas de Rosell?: “Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Mill?n es significativo, m?s si se considera que de forma paralela a esta participaci?n aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionar?an a Ana Mill?n con Grupo Educativo y Francisco Rosell?”.

Durante los cuatro a?os siguientes a eso, Ana Belén Mill?n recibi? 44.462 euros de Neverland, una sociedad del empresario investigado.

Ese dinero, apunta la magistrada en su auto, se corresponder?an al pago del alquiler con opci?n a compra de un ?tico en Arroyomolinos, as? como los gastos de la comunidad y los contratos de suministros. Una vez que la relaci?n ces?, y que se extendi? entre 2008 y 2012, la empresa lo realquil?. En los hechos investigados también estar?an investigados la entonces pareja de Mill?n y su hermana, que recibi? pagos de empresas de Rosell? por valor de 88.000 euros en los a?os investigados.

Indicios de corrupci?n

Formalmente imputada en 2022, Mill?n ha ido escalando puestos en el escalaf?n del partido a nivel regional, desde que fuera concejala de Arroyomolinos hace m?s de una década, pasando por su etapa como alcaldesa y hasta consolidarse como diputada auton?mica en las ?ltimas elecciones.

Desde el PP explican a este peri?dico que "el partido respeta los procesos judiciales, pero ni la direcci?n regional ni la interesada tienen conocimiento de ning?n auto que parece que ya manejan algunos medios de comunicaci?n"

El hecho de que el caso pase de los juzgados de Navalcarnero, donde se estaba instruyendo, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no significa que los hechos que refleja la jueza sean definitivos, sino que la investigaci?n sigue en curso. Lo que hace, por tanto, la magistrada es apuntar a que existen indicios de que pudieron cometerse esos cuatro presuntos delitos de corrupci?n.

“Se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigaci?n que se tratar?an, sin perjuicio de ulterior calificaci?n de delitos de prevaricaci?n, cohecho, tr?fico de influencias y fraude contra la administraci?n p?blica. Y dado que la se?ora Mill?n se trata de persona aforada (...), procede la inhibici?n del conocimiento del presente procedimiento a favor del T.S.J. de Madrid, Sala de lo Civil y Penal en funciones de Sala de lo Penal”, explica el auto al que ha tenido acceso este peri?dico.



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