El Tribunal Supremo ha archivado una nueva denuncia que hab?a sido presentada contra la presidenta Comunidad Madrid por las muertes en residencias durante la pandemia. Esta vez, la acci?n penal fue instada por un particular contra Isabel D?az Ayuso,por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisi?n del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricaci?n con la agravante de premeditaci?n, en relaci?n con las muertes de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad durante la crisis por covid.

En su auto, el Supremo explica que la denuncia no puede prosperar al estar planteada en unos términos genéricos e indeterminados, y requerirse, en sede penal, “vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada”, lo que en la denuncia no se precisa.

“No disponemos, ni la denuncia los proporciona, datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivaci?n hospitalaria que en la denuncia se denominan "protocolos de la vergüenza" fueron acertados y rigurosos médicamente en funci?n de la situaci?n epidemiol?gica y hospitalaria de cada momento. Como tampoco de cu?l fue el verdadero grado de cumplimiento de esos protocolos o de qué concretos pacientes pudieron fallecer por su aplicaci?n”, a?ade el auto del tribunal.

Sobre una posible autor?a de D?az Ayuso, el Supremo explica que una eventual atribuci?n de responsabilidad penal a la persona aforada exigir?a apreciar con nitidez la existencia de una relaci?n de causalidad concreta y precisa entre los fallecimientos y enfermedades producidos y las medidas adoptadas o las no adoptadas pero que debieron serlo. Es decir, que “la necesaria relaci?n de causalidad no puede plantearse en los términos genéricos o difusos en que aparecen en la denuncia”.

No solo en Madrid

En todo caso, el tribunal destaca que “el archivo de la denuncia y el rechazo de la incoaci?n de un procedimiento penal es compatible con el cuestionamiento cr?tico de las decisiones que en ?mbito sanitario se pudieron tomar por los responsables de la Comunidad Madrid, como también por el resto de Comunidades Aut?nomas o del Gobierno estatal durante la gesti?n de la pandemia covid-19, particularmente, en relaci?n con las residencias de personas mayores. El eventual archivo del procedimiento ni es un aval a las pol?ticas sanitarias que se aplicaron en relaci?n con las residencias de personas mayores, ni lo contrario”.

Por ?ltimo, recuerda que hay constancia de que se han presentado numerosas denuncias ante la Fiscal?a y ante los Juzgados de Instrucci?n de la Comunidad de Madrid por estos mismos hechos, pero ah? s? en relaci?n con residencias determinadas y personas concretas, y que en la propia denuncia se hace referencia a ello. “Es en esos procedimientos en los que puede esclarecer lo ocurrido, determinando qué fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones pol?ticas, administrativas o de gesti?n y c?mo, por quién y de qué manera se tomaban las decisiones de no derivaci?n hospitalaria”, concluye el auto.

Dificultades para investigar

La investigaci?n judicial de lo ocurrido en las residencias ha encontrado dificultades también en otros ?rganos judiciales.

Unos meses antes, el pasado febrero, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo a una investigaci?n sobre el fallecimiento de mayores en una residencia de Parla*durante la primera ola de la pandemia que hab?a impulsado Marea de Residencias. La plataforma entend?a que el juez de instancia o hab?a realizado todas las diligencias necesarias sobre los protocolos de derivaci?n de mayores a los hospitales utilizados en aquellos primeros meses de la pandemia por el ejecutivo de Isabel D?az Ayuso. La Audiencia Provincial, en cambio, zanj? que la fase de instrucci?n "ha sido especialmente exhaustiva con informes médicos, la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos" y de esto "se deduce que la atenci?n desplegada fue la adecuada".

Ya se contaba entonces con otras resoluciones anteriores contrarias a investigar estas muertes en las residencias de ancianos. *As? por ejemplo, el pasado mes de noviembre, el juez de instrucci?n n?mero 38 de Madrid Rechaz? actuar frente a una denuncia realizada directamente por la Fiscal?a de Madrid por la muerte el 13 de abril de 2020 de una mujer de 95 a?os en una residencia del madrile?o barrio de Carabanchel. Lleg? a afirmar que "la derivaci?n o no de la paciente a un centro hospitalario en ning?n caso influy? en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ning?n modo".*

Esta posici?n se ha repetido en el caso de otros jueces en Madrid y la propia Comunidad informaba a principios del mes de mayo que en ese momento eran ya *21 las causas*que han tenido que cerrarse por no haber podido acreditar que se haya cometido delito alguno en el cuidado de las dos personas fallecidas en los centros de mayores.



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