Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial que tomar?n posesi?n cuando el Parlamento haga realidad el acuerdo pol?tico alcanzado --con m?s de cinco a?os y medio de retraso-- entre el PP y el PSOE tendr?n ante s? una importante tarea a la que no se han enfrentado Consejos recién renovados con anterioridad: designar un total de 94 vacantes en la c?pula judicial, 25 de ellas en el Tribunal Supremo. Ello supone que casi una de cada tres plazas de magistrado en el alto tribunal se encuentra vac?a.

Los nombramientos en el alto tribunal, por la trascendencia pol?tica de algunas de sus resoluciones y el hecho de que sus magistrados sean los competentes para investigar y juzgar a aforados - -entre ellos diputados y senadores--, ser?n los m?s polémicos. De hecho, desde el propio ?rgano y también en ?mbitos judiciales se viene advirtiendo que lo m?s adecuado ser? no abordar todas las vacantes a la vez, sino hacerlo de manera que primen los principios de mérito de capacidad y evitando el 'intercambio de cromos'.

Este mismo lunes, la propia*Sala de Gobierno del Tribunal Supremo hizo nuevo llamamiento a la renovaci?n del Consejo apuntando que el "el perjuicio causado" a la judicatura por la situaci?n de interinidad que atraviesa desde diciembre de 2018 es "enorme". Ya a finales del pasado 2021, cuando las plazas vacantes no superaban ni el 13 por ciento, el presidente después dimitido Carlos Lesmes lleg? a calcular la situaci?n provocaba el dictado de unas 1.000 sentencias menos al a?o.*

La situaci?n es ya pr?cticamente insostenible en salas como la de lo Contencioso-Administrativo --donde ya faltan 12 de los 33 magistrados-- y lo Social --faltan 6 de 12-- una sala que acumulan miles de recursos derivados de los ERE y los ERTE causados por el covid. En Civil est?n vac?as las sillas de 3 de sus 10 magistrados, y faltan 3 de los 8 de la sala de lo Militar. La mejor situada --porque su presidente, Manuel Marchena, logr? renovar sus bajas antes de que el ?ltimo Consejo caducara-- es la de lo Penal, donde solo falta una 1 de sus 15 plazas. A ello se suma que tres de los presidentes de Sala (los de las salas de lo Contencioso, Civil y Militar) ejercen en funciones al haber caducado su mandato.

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Nombramientos estratégicos

El interés pol?tico en estas renovaciones es, precisamente, la cuesti?n en la que se encuentra en el origen de la actual situaci?n de plazas vacantes. La primera medida de presi?n que el Gobierno de S?nchez ide? para obligar al PP a pactar una renovaci?n -- que result? fallida-- fue la de reformar la Ley Org?nica del Poder Judicial en marzo de 2021 para prohibir realizar nombramientos a un Consejo que llevaba entonces ya m?s de tres a?os fuera de mandato.

Detr?s de esta reforma legal se encontraba la idea de que a los populares ya no les interesar?a mantener el bloqueo de un Consejo al que se hab?a privado de hacer estas designaciones, pese a mantener su mayor?a conservadora, porque ya no podr?a condicionar la "sensibilidad" de la mayor parte de los magistrados del Supremo a nombrar a partir de entonces. Sin embargo, ni siquiera esta limitaci?n permiti? superar la situaci?n existente, y desde entonces las bajas se han ido acumulando y van m?s all? del Supremo.*

As?, la Audiencia Nacional hay a d?a de hoy una vacante sin cubrir, pero en los tribunales*superiores hay que renovar 38 plazas y en las audiencias provinciales otras 30. La diferencia con el Supremo es que dichos puestos no han quedado vac?os, sino que se encuentran ocupados en situaci?n de interinidad, lo que no puede hacerse en el alto tribunal.

El Consejo resultante del acuerdo pol?tico tendr? que afrontar esta situaci?n y vencer los reparos que puedan transmitir el perfil de sus primeros nombramientos. De hecho, las ?ltimas propuestas escuchadas antes de llegar al pacto de renovaci?n, como el denominado 'Plan Guilarte' -que lleva el nombre del hasta ahora presidente suplente del ?rgano-, iban dirigidas a tratar de mejorar la imagen de los nombramientos en el alto tribunal. Se propon?an sistemas que reforzaran que la elecci?n obedece a principios de mérito, y no pol?ticos; llegando incluso a plantear quitar al nuevo Consejo esta responsabilidad para que fuera cumplida por una comisi?n mixta de vocales y magistrados del Supremo.

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Otro punto a discutir ser? el tiempo que se otorgue para realizar las designaciones, ya que el nuevo ?rgano nace con la vocaci?n de superar anteriores etapas en las que se le hab?a acusado de estar "politizado" y actuar conforme a tiempos ajenos a los estrictamente jur?dicos o de gobierno de los propios jueces.

Afecta al ciudadano

Pero la de los nombramientos pendientes no es solo una cuesti?n de interés pol?tico. El propio Supremo advierte en su ?ltimo comunicado que el bloqueo en la*renovaci?n del ?rgano de gobierno de los jueces se traduce en un "menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradaci?n de instituciones esenciales para la garant?a de sus derechos e intereses".

Su criterio es después seguido por todos los tribunales espa?oles, por lo que el par?n en la actividad de este ?rgano repercute en todo el sistema. Por poner unos ejemplos concretos, fue el Supremo*el que homogeneiz? la concesi?n de la custodia compartida, el que tiene la ?ltima palabra en impuestos, condiciones de trabajo de ciertas plataformas supuestamente colaborativas y hasta en las pensiones, a lo que se suman las cl?usulas bancarias que pueden resultar abusivas. Todas ellas son cuestiones que superan en muchos casos las cuestiones que centran el interés medi?tico o de la clase pol?tica, pero afectan al d?a a d?a de los espa?oles.



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