El Supremo no aplica la ley de amnist?a. Frente a las posiciones hechas p?blicas la semana pasada por la Fiscal?a y la Abogac?a del Estado, solicitando el perd?n de todos los delitos asociados al 'procés' del Tribunal Supremo y el levantamiento de las medidas cautelares que a?n pesan sobre los l?deres independentistas, el alto tribunal no considera aplicable la medida de gracia a la malversaci?n, ni levanta las ?rdenes de detenci?n.

El instructor del 'procés' en el Supremo, el juez Pablo Llarena, y los magistrados de la Sala de lo Penal que juzgaron el caso y dictaron la sentencia en octubre de 2019 han analizado desde hace algo m?s de una semana las alegaciones presentadas por las partes y el contenido de la ley para determinar si es aplicable al caso de sus respectivas competencias. Por su parte, la instructora de Tsunami Democràtic, Susana Polo, concedi? un plazo m?s amplio y a?n tiene por recibir escritos de varias de las partes, incluido el del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que comenz? a correr cuando se person?.

Tanto la fiscal?a como los Servicios Jur?dicos del Estado, as? como todas las defensas, solicitaron que se amnist?e la desobediencia y la malversaci?n a los condenados, como el expresidente de ERC Oriol Junqueras, y a los procesados en rebeld?a, el l?der de Junts, Carles Puigdemont, al entender que incluso ese delito est? incluido en la ley. También solicitaron que se desactiven las ?rdenes nacionales de busca y captura que pesan sobre ellos.

En contra de la aplicaci?n estaba Vox -que ejerce la acusaci?n popular en la causa del 'procés' y en la de Tsunami- y de Societat Civil Catalana -que ejece la acci?n popular en la causa abierta por las protestas de la plataforma-. Ambos defienden que hubo enriquecimiento por parte de los encausados y que, por ende, no se les puede perdonar la malversaci?n; tampoco ven viable amnistiar el terrorismo.

La teniente fiscal del Supremo, ?ngeles S?nchez Conde, y el fiscal jefe de Penal del Supremo Joaqu?n S?nchez-Covisa defienden que la malversaci?n del 'procés' es amnistiable porque no consta ning?n enriquecimiento personal por parte de los encausados y porque los hechos probados "no contienen ninguna alusi?n o referencia a que se hubiere producido una afectaci?n directa o indirecta a los intereses financieros de la Uni?n Europea". Para el ministerio p?blico, no amnistiar a Puigdemont, a los 'exconsellers' procesados en rebeld?a Toni Com?n y Llu?s Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, "dejar?a pr?cticamente vac?o de contenido lo dispuesto" en la norma.

Para los condenados por malversaci?n el 'procés', el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la fiscal?a también aboga por amnistiarles, aunque recuerda que "el hecho de que los delitos cometidos sean amnistiados por decisi?n del legislador espa?ol no permite poner en duda la legitimidad de las condenas o la de los jueces y tribunales que las dictaron". En la misma l?nea, la Abogac?a del Estado argumenta que se debe aplicar la amnist?a a todos ellos porque "la totalidad de los hechos" encajan en los actos recogidos por la ley, al no apreciar ni enriquecimiento personal ni afectaci?n a los intereses financieros de la UE.

En la causa de Tsunami Democràtic abierta en el Supremo, en la que est?n imputados Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg por los disturbios achacados a la plataforma independentista durante las protestas de octubre de 2019 en respuesta a la sentencia del 'procés', la fiscal?a también ha pedido que se les amnist?e del delito de terrorismo.

La defensa de Puigdemont, por su parte, afirm? ante el Supremo en el que asegura que "una lectura desapasionada" de la ley de amnist?a "permite manifiestamente su aplicaci?n a los hechos (...) calificados como delito de malversaci?n de caudales p?blicos" en el auto por el que se le proces?. Su abogado, Gonzalo Boye, también reclamaba "el levantamiento de las medidas cautelares" que le afectan, refiriéndose espec?ficamente a la orden de busca y captura e ingreso en prisi?n que pesa sobre él y que fue acordada en esa resoluci?n, dictada en enero de 2023 tras la derogaci?n del delito de sedici?n y la reforma de la malversaci?n.



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