El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo que present? uno de los condenados por los ERE actualmente en prisi?n, el ex director general de IFA/IDEA Miguel ?ngel Serrano Aguilar entre 2004 y 2008, y anula la condena a seis a?os y medio de c?rcel por prevaricaci?n en concurso con una malversaci?n continuada que le fue confirmada por el Tribunal Supremo. Como responsable de la caja pagadora de las ayudas firm? cuarenta convenios con la consejer?a de Trabajo, desde la que se realizaba el reparto de ayudas.

En el caso de este exdirectivo, el ?rgano declara que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunci?n de inocencia. Por ello, con los votos de los siete magistrados de la mayor?a progresista, se acuerda la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que le conden? inicialmente y también la del Tribunal Supremo de septiembre de 2022 que confirm? esta decisi?n.

La estimaci?n es parcial, aunque lo ?nico que no se ampara es un tema menor, relativo a la anticipaci?n en su d?a del fallo condenatorio. Por ello, y como consecuencia de la anulaci?n de las sentencias condenatorias, tan solo unas horas m?s tarde de que se notificara la decisi?n del Constitucional, la Secci?n Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dict? una providencia acordando la inmediata puesta en libertad de Serrano.

La sentencia incluye un fuerte correctivo al Tribunal Supremo, al afirmar que este ?rgano --y también previamente la Audiencia de Sevilla-- realiz? una interpretaci?n y aplicaci?n imprevisible del delito de prevaricaci?n, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el art?culo 25.1 de la Constituci?n y en el art?culo 404 del C?digo Penal que es el que define esta conducta par funcionarios que "a sabiendas de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo".

La decisi?n adoptada este martes por el Pleno del Tribunal Constitucional, que anula parte de las condenas por malversaci?n impuestas en el caso de los ERE de Andaluc?a, marca el camino que seguir?n previsiblemente las pendientes para el Pleno de esta semana con respecto a otros excargos de la Junta en prisi?n: el exconsejero de Innovaci?n Francisco Vallejo, exconsejero de Empleo Antonio Fern?ndez, y del exconsejero de Justicia y Administraci?n P?blica Jes?s Mar?a Rodr?guez Rom?n. También se revisar? la condena de la exconsejera de Hacienda Carmen Mart?nez Aguayo, en libertad al serle otorgado el tercer grado penitenciario el pasado 10 de junio.

La mayor?a progresista del ?rgano de garant?as avala la ponencia de su vicepresidenta, Inmaculada Montalb?n, que acoge la tesis que mantuvieron desde el primer momento las defensas de los condenados, esto es, que ni quienes elaboraron el Presupuesto posteriormente avalado por el Parlamento Andaluz prevaricaron ni tampoco pudieron cometer malversaci?n los altos cargos de Hacienda. La l?nea se coloca de la Consejer?a de Empleo, desde donde se ejecutaron los fondos, hacia abajo.

De este modo, el Constitucional apunta que la sentencia inicial de la Audiencia y la posterior dictada por el Tribunal Supremo supuso vulnerar derechos fundamentales al condenar por malversaci?n lo que no fue m?s que la aplicaci?n, ejecuci?n y gesti?n del sistema previsto en las leyes de presupuestos del 2003 al 2009. Esta decisi?n despeja el horizonte penal del expresidente Gri??n, cuyo recurso se estudiar? junto al de su predecesor Chaves en el Pleno del Tribunal Constitucional del pr?ximo 16 de julio

Los convenios no fueron arbitrarios

La sentencia incide, en relaci?n con las 40 firmas de convenios particulares de los que fue responsable Serrano, que no puede apreciarse que incurran en arbitrariedad porque estaban amparadas en las leyes de Presupuestos de Andaluc?a 2002-2009. La Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo declararon que fue el Parlamento de Andaluc?a el que, a iniciativa del Gobierno de dicha Comunidad Aut?noma, aprob? el nuevo sistema de presupuestaci?n de las ayudas sociolaborales a través de las leyes de presupuestos.

Su abogado, Juan Carlos Alférez, manifest? en la red social X tras conocer el fallo que su cliente debe ser puesto en libertad de forma inmediata: "Mi cliente ahora mismo est? en prisi?n sin t?tulo que legitime su privaci?n de libertad. Haré lo imposible para su excarcelaci?n inmediata. Me confirma el TC que el fallo ya est? en la Audiencia aunque la hora no acompa?a", se?ala en su mensaje. Unas horas después, a las 17.50, se acord? la libertad acudi? a las puertas del centro penitenciario Sevilla I para completar los tr?mites y recogerle.

Mi cliente ahora mismo est? en prisi?n sin t?tulo que legitime su privaci?n de libertad. Haré lo imposible para su excarcelaci?n inmediata. Me confirma el TC que el fallo ya est? en la Audiencia aunque la hora no acompa?a

— Juan Carlos Alferez (@jcalferez) July 2, 2024

Condenar infringe la separaci?n de poderes

Por ello, considera el Constitucional que, en la medida en que las sentencias impugnadas atribuyen la aprobaci?n del nuevo sistema de presupuestaci?n a lo dispuesto en los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, desconocen la centralidad del Parlamento de Andaluc?a en el entramado institucional establecido en el Estatuto de Autonom?a. Seg?n la sentencia aprobada por el Pleno, los ?rganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separaci?n de poderes.

Estas mismas razones llevan al Tribunal Constitucional a apreciar que la condena del recurrente por el delito de malversaci?n es contraria al derecho a la legalidad penal. Sobre este delito en particular, la sentencia estima que “nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por delito de malversaci?n, esto es, por la disposici?n il?cita de caudales o efectos p?blicos, por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley que regula espec?ficamente el supuesto de hecho al que ese individuo se enfrenta en su calidad de autoridad o funcionario p?blico, pues tal ley, en tanto no sea declarada inconstitucional, ha de considerarse v?lida".

Adem?s, y en relaci?n con aquellas actuaciones que supusieron una disposici?n de fondos p?blicos para fines distintos a los previstos en el referido programa, la sentencia concluye que las sentencias del Supremo y de la Audiencia de Sevilla son lesivas del derecho a la presunci?n de inocencia toda vez que los ?rganos judiciales no han argumentado suficientemente que fueran cometidos por el recurrente. La resoluci?n judicial carece del desarrollo argumental constitucional necesario en este punto, concluyen.

Otros condenados

Por el momento ya se hab?an resuelto los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena ?lvarez. Al primero le desestim? el recurso porque su argumentaci?n era genérica y poco fundada; mientras que se estim? parcialmente el recurso de la segunda al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.

Las resoluciones, en todo caso, revisan supuestos diferentes: los de los que participaron entre 2002 y 2009 --cuando se elaboraron y aprobaron los anteproyectos y proyectos de leyes de presupuestos andaluces-- pero también los que lo hicieron entre 2000 y 2001 --cuando todav?a no hab?a esa ley de presupuestos y solo se hicieron modificaciones--.

En el caso del exconsejero de Empleo de Andaluc?a Antonio Fern?ndez, que se ver? a lo largo de esta semana, se pprevéuna conclusi?n similar a la de Serrano. la ponencia de la vicepresidenta Montalb?n propone exonerarle parte de la malversaci?n, seg?n apuntaron en su d?a fuentes del ?rgano. En concreto, plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo pronunciamiento "exclusivamente" en lo relativo a la posible comisi?n de un delito de malversaci?n en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, lo que se traducir?a en una rebaja de su condena porque s? perdona el resto de la malversaci?n.

Fern?ndez fue condenado a 7 a?os y 11 meses de prisi?n y 19 a?os y medio de inhabilitaci?n por un delito continuado de prevaricaci?n en concurso con un delito continuado de malversaci?n. Fue condenado no solo por haber intervenido en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos para el pago de los ERE, sino también por haber firmado como presidente del Instituto de Fomento de Andaluc?a (IFA) convenios particulares con el director general de Trabajo a través del que se materializaron varias ayudas.

An?lisis de conductas

La ponencia del Constitucional propone perdonarle parte de la malversaci?n y deja fuera del amparo los actos de presupuestaci?n y gesti?n que --en calidad de viceconsejero de Empleo-- realiz? para las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiaci?n del IFA a la Agencia de Innovaci?n y Desarrollo de Andaluc?a (IDEA).

También excluye las disposiciones de fondos ordenadas en el ?mbito de la Consejer?a de Empleo entre 2002 y 2009 bajo la vigencia de las leyes de presupuestos que incorporaban tales aplicaciones al programa 3.1 L, pero que excedieron su ?mbito de cobertura porque se hicieron en "ausencia de fin p?blico", se?alan las fuentes consultadas.

Ya en la sentencia relativa a la exconsejera de Econom?a y Hacienda Magdalena ?lvarez, el Constitucional fij? que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, as? como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han reca?do en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su funci?n de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonom?a de Andaluc?a.

En este sentido, el tribunal concluy? que no son asuntos gubernativos sujetos de control jurisdiccional y que "si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podr?an llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislaci?n diferente de la que se encuentra en vigor".

Bajo este mismo argumento, Montalb?n propone al Pleno que se exonere toda la malversaci?n de la exconsejera de Hacienda Carmen Mart?nez Aguayo, que fue condenada a seis a?os y dos d?as de prisi?n y a 15 a?os de inhabilitaci?n absoluta por un delito continuado de prevaricaci?n en concurso medial con un delito continuado de malversaci?n. Se encuentra disfrutando del tercer grado penitenciario desde hace menos de un mes.



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