El Gobierno no dar? ning?n paso, ni pol?tico ni judicial, tras la decisi?n del Tribunal Supremo de dejar sin aplicaci?n ley de amnist?a para los delitos de malversaci?n y mantener las ?rdenes de detenci?n para los l?deres independentistas procesados en rebeld?a, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. En Moncloa consideran que la norma es “muy clara” y plasma el objetivo del legislador para dar carpetazo judicial al ‘procés’. Fuentes del Ejecutivo deslizan as? una petici?n de enmienda al Alto Tribunal para que rectifique ante un recurso al propio juez. Si bien, no son optimistas al considerar que la ?ltima palabra la tendr? el Tribunal Constitucional.

A la espera de definirse la estrategia judicial por la que opten los l?deres del ‘procés’, en Moncloa cierran la puerta a cualquier reforma de la norma. Una vez aprobada y tras complejas negociaciones con los independentistas para retocar el texto original con el fin de blindarla, en el Ejecutivo rechazan realizar cambios. “El Gobierno ya ha hecho su trabajo”, zanjan. Consideran as? que el texto da cumplimiento con el compromiso alcanzado con Junts y ERC en el pacto de investidura.

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Los socialistas no repetir?n el proceso llevado a cabo con la ley del solo s? es s?, como también subrayan desde la direcci?n del PSOE. La ley de garant?a integral de la libertad sexual se reform? tan solo seis meses después de aprobarla ante las numerosas revisiones de condenas a la baja a agresores sexuales. Entonces, se reconocieron sus “efectos indeseados” no previstos, mientras que ahora con la ley de amnist?a se subraya tanto su constitucionalidad como la voluntad del legislador y “la eficacia y efectos positivos”. Ante ello, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegr?a, insist?a en demandar que “lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley”.

Diferentes ministros socialistas hab?an mostrado sus temores durante los ?ltimos d?as sobre la posibilidad de que no se aplicase la amnist?a en los casos de malversaci?n. Lo que no se esperaba era el hecho de mantener las ?rdenes de detenci?n. En el caso del expresident, esta decisi?n complica su vuelta para participar en una hipotética investidura sin ser arrestado. Todo ello hace m?s complejo el proceso para la gobernabilidad en Catalu?a y siembra dudas sobre el sostén parlamentario de los independentistas a Pedro S?nchez.

En el Gobierno insisten en separar el “carril” judicial de la amnist?a de las negociaciones para la investidura en Catalu?a y la propia legislatura. En p?blico se limitan a trasladar su respeto a las decisiones judiciales, aunque en privado dejan entrever su malestar y la resignaci?n porque la pol?tica catalana siga judicializada, al menos, hasta que le toque resolver a Tribunal Constitucional. Algo que llevar? su tiempo, seg?n admiten, arrojando todav?a m?s incertidumbre sobre una legislatura pendiente de estabilizar a través de sus primeros Presupuestos.

Diferencias de criterio

El redactado de la norma es para el Gobierno “claro y meridiano”, por lo que descartan cualquier cambio al no dejar espacio para la interpretaci?n pese al auto del Supremo. De hecho, otros jueces est?n aplicando la norma. Los primeros amnistiados, en este caso por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, fueron el exconseller de Interior, Miquel Buch, y que fuera escolta del expresident, Lluis Escolà. Este mismo martes, el Juzgado de Instrucci?n n?mero 7 de Barcelona amnisti? a los 46 agentes de la Polic?a Nacional procesados por las cargas en varios puntos de votaci?n durante el referéndum del 1-O.

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El tono de contenci?n seguido desde el Gobierno contrasta con la reacci?n del PSOE tras conocerse el auto del Supremo. Desde la sede federal cargaron contra “las consideraciones pol?ticas que ha hecho Supremo, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada” porque “es en el ?mbito pol?tico y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas pol?ticas y la tramitaci?n parlamentaria de las normas".

Relaci?n con Junts

Sobre el contenido de la resoluci?n, en una reacci?n sin antecedentes ante una decisi?n judicial, los socialistas pusieron el foco en el art?culo 1.4 de la ley de amnist?a: 'No se considerar? enriquecimiento la aplicaci?n de fondos p?blicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) cuando, independientemente de su adecuaci?n al ordenamiento jur?dico, no haya tenido el prop?sito de obtener un beneficio personal de car?cter patrimonial'. Y también procede recordar que en ning?n momento del procedimiento intervino la Fiscal?a europea porque nunca se entendi? que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE".

El n?mero tres del PSOE y secretario de Organizaci?n, Santos Cerd?n, mantiene engrasada la relaci?n con el secretario general de Junts, Jordi Turrull, y seg?n fuentes tanto de Ferraz como de Moncloa por el momento no han manifestado su intenci?n de hacer descabalgar la legislatura. Algo que, dicen, quieren creerse ante la necesidad de sacar adelante las cuentas p?blicas y el escenario de la investidura en Catalu?a, con la hip?tesis de la repetici?n electoral cada vez m?s plausible.



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