Tras la decisi?n del Tribunal Supremo de no aplicar la amnist?a a la malversaci?n en el procés, el papel que a?n debe desempe?ar el Tribunal Constitucional frente a los recursos anunciados contra la ley centra ahora el foco del principal partido de la oposici?n. Su presidente, Alberto N??ez Feij?o, se?alaba este martes las "dificultades" que tiene para aceptar la imparcialidad de este ?rgano, del que dice que est? "trufado de cargos del Gobierno", lo que supone se?alar directamente a dos de sus magistrados,*

Se refer?a, sin citarles, al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedr?tica de Derecho Constitucional y durante un tiempo asesora en Moncloa Laura D?ez. Ambos forman parte del bloque de siete magistrados progresistas que previsiblemente avalar?n la sujeci?n de la ley a nuestra Constituci?n y podr?an despejar su aplicaci?n de forma favorable a los intereses de los ex dirigentes independentistas en sus recursos ante el ?rgano de garant?as.

En el caso del primero, se cuenta con un precedente. El pasado mes de noviembre, Campo anunci? que se absten?a frente al recurso de un particular que busc? amparo ante el ?rgano una vez se inici? la tramitaci?n parlamentaria de la norma. La raz?n se encontraba en el contenido de los informes que el propio exministro redact? en su d?a sobre los indultos del procés, donde afirmaba de forma categ?rica que la concesi?n de una amnist?a ser?a "inconstitucional" de forma categ?rica.*

Sin embargo, este movimiento no supone que deba apartarse de los futuros recursos, seg?n fuentes del ?rgano consultadas por EL PERI?DICO DE ESPA?A, que se?alan que esta abstenci?n fue presentada de forma prematura en relaci?n con un recurso de amparo que ni siquiera fue admitido a tr?mite. De este modo, el escrito por el que Campo argumentaba sus razones para apartarse no lleg? a ser valorado por el Pleno del ?rgano, que podr?a aceptarlo o rechazarlo.*

Con respecto a D?ez, pese a su pasado en Moncloa las razones para una abstenci?n o para que prospere una recusaci?n contra ella son m?s difusas, ya que no form? parte ni asesor? al Gobierno sobre este asunto en ning?n momento.

La inc?gnita Mac?as

Otra inc?gnita es la del nuevo magistrado José Mar?a Mac?as, a?n vocal del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial hasta que se sustancie el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para su renovaci?n. El pasado 21 de marzo, el pleno del ?rgano de gobierno de los jueces aprob? un informe muy cr?tico contra la ley*--a?n en proyecto-- y entre los votos que apoyaron dicha propuesta se encontraba el del juez en excedencia y hoy abogado Mac?as.

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En dicho informe se dice expresamente que la amnist?a no tiene encaje en la Constituci?n, pues este tipo de medida de gracia qued? excluido de su articulado de forma consciente. El documento sostiene, adem?s, que la exposici?n de motivos no justifica la adecuaci?n del texto legal a los principios y valores contenidos en la Carta Magna.**

La entrada de Mac?as supondr? un refuerzo para el sector conservador del ?rgano de garant?as, que pasar? a tener seis magistrados frente a los siete de sensibilidad progresista. Esta circunstancia, unida a la din?mica de siete frente a cinco que se ha establecido en el funcionamiento del ?rgano desde que se inici? la presidencia de C?ndido Conde Pumpido, apunta a la importancia que tiene que algunos de los magistrados puedan tener que apartarse de los recursos por la ley de amnist?a.

Los ERE y la din?mica de bloques

Si Campo no pudiera participar en las deliberaciones, el bloque progresista perder?a un voto, y lo mismo ocurrir?a en el caso de que Mac?as fuera recusado por llegar "contaminado" de sus posiciones anteriores en el CGPJ. Una eventual salida de D?ez, aunque m?s improbable, reducir?a a?n m?s las distancias.

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El ?rgano nunca ha roto su din?mica de bloques con respecto a asuntos de car?cter ideol?gico, como ha sido la validaci?n de las leyes del aborto y la eutanasia. Lo mismo ha ocurrido esta misma semana con respecto a los ERE en Andaluc?a, ya que la mayor?a progresista ha comenzado a anular las sentencias que condenaron por prevaricaci?n y malversaci?n, aplicando un duro correctivo al Tribunal Supremo sobre una de las causas clave contra la corrupci?n en el PSOE.

Esta din?mica se quebr? no obstante hace solo unas semanas, cuando el Pleno declar? de forma un?nime la inconstitucionalidad del voto telem?tico en el Parlament de Catalu?a. Hasta el momento, la ?nica disensi?n hab?a aparecido en un asunto algo menor, en relaci?n con un recurso de UGT contra la prohibici?n de la Delegaci?n del Gobierno de Madrid de celebrar el 8-M en 2021. En este caso, la mayor?a se conform? con miembros de las dos sensibilidades.



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