Carmen Mart?nez Aguayo sali? de la c?rcel en tercer grado el pasado 10 de junio tras pasar un a?o y medio en prisi?n por el caso de los ERE en Andaluc?a. La exconsejera de Hacienda, que fue n?mero dos de José Antonio Gri??n como viceconsejera y asumi? su cargo cuando él fue presidente, hab?a sido condenada a seis a?os de c?rcel por malversaci?n.*Su condena, junto a la de otros implicados en la causa, ser? revisada por el Tribunal Constitucional en el Pleno que comenzar? el pr?ximo 2 de julio, tras una deliberaci?n que parte de una ponencia favorable a exonerar la malversaci?n por la que fue condenada por el Tribunal Supremo, lo que abre la puerta a que ocurra lo mismo en el caso del expresidente Gri??n.

La pasada semana el Constitucional ya anul? de forma parcial la condena a la exconsejera de Hacienda Magdalena ?lvarez por los ERE al considerar que la elaboraci?n de la ley de Presupuestos no puede conllevar un delito de prevaricaci?n, ya que no es un acto administrativo, sino una norma elaborada por los cauces legales y aprobada en el Parlamento. Ahora, lo previsto es que la mayor?a progresista en el tribunal de garant?as de un paso m?s y imponga las tesis de los condenados y sus defensas desde el primer momento, que no solo que quienes elaboraron el Presupuesto no hab?an prevaricado sino que los altos cargos de Hacienda no hab?an podido cometer el delito de malversaci?n.

As? se se?ala a este diario en fuentes del propio Tribunal, que apuntan el sentido de la ponencia que obtendr? el apoyo mayoritario: que todos los actos objeto de condena por malversaci?n -- sustracci?n de fondos o consentir la sustracci?n por terceros-- al no ser m?s que la aplicaci?n, ejecuci?n y gesti?n del sistema previsto en las leyes de presupuestos del 2003 al 2009, no pueden ser calificadas de delito. Si se confirma esta decisi?n el horizonte penal aparecer?a despejado para el expresidente Gri??n, cuyo recurso se estudiar? junto al de su predecesor Chaves en el Pleno del Tribunal Constitucional del 16 de julio.

Delitos revisados

En la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Supremo, fueron condenados por malversaci?n José Antonio Gri??n y Carmen Mart?nez Aguayo, como exconsejero y exviceconsejera de Hacienda, as? como los responsables de las consejer?as de Innovaci?n y de la agencia Idea, que era la que hac?a el pago efectivo de los ERE, y los responsables de Empleo, departamento que repart?a el presupuesto y donde se gest? el grueso del fraude de las ayudas sociolaborales. En el caso del resto de la c?pula pol?tica, como Manuel Chaves, la condena fue por prevaricaci?n, con inhabilitaci?n pero sin c?rcel.

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Gri??n fue condenado a seis a?os de c?rcel por malversaci?n y a 10 de inhabilitaci?n por prevaricaci?n. El expresidente andaluz no entr? en la c?rcel por padecer un c?ncer. Mart?nez Aguayo s? que ha estado en prisi?n con esa misma condena.*

Si tras la deliberaci?n del d?a dos se confirma el contenido de la ponencia --con el voto de los siete magistrados del sector progresista, aunque voten en contra los cuatro conservadores--, el Constitucional dar? la raz?n a las defensas y los condenados, que durante mucho tiempo establecieron una raya con la que trataban de separar lo que hab?a ocurrido en Empleo, donde se ejecutaban los fondos y lo que pasaba en Hacienda, donde se dise?aban los Presupuestos que luego aprobaba el Parlamento andaluz. Fue muy sonada la frase de Gri??n ante el Supremo cuando asegur?: “No hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude”. Esa es la tesis que también los socialistas defendieron en el dictamen final de la comisi?n de investigaci?n que se celebr? en el Parlamento, donde la responsabilidad de la trama se situ? a partir de la Consejer?a de Empleo.*

La pasada semana el recurso de amparo del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, fue desestimado por un defecto de forma. El mensaje que lanzaba el Constitucional, que un d?a después s? ampar? a Magdalena ?lvarez y anul? su condena por prevaricaci?n, era claro, asumiendo esa misma separaci?n entre las responsabilidades penales en el seno del Consejo de Gobierno.

Voto discrepante en el Supremo

“Es un arriesgado salto en el vac?o”. As? se manifestaron las dos magistradas del Tribunal Supremo Ana Mar?a Ferrer y Susana Polo Garc?a en su voto particular discrepante con el sentir de la mayor?a que ratific? las condenas de los ERE en julio de 2022 en el alto tribunal.. “No compartimos la respuesta mayoritaria de este Tribunal de Casaci?n que confirma ese pronunciamiento condenatorio, y que incluso llega, a nuestro juicio sin soporte probatorio”, se?alaron en su voto particular.

En la misma l?nea que ahora se?ala el Constitucional, el voto particular del Supremo consideraron en el caso de José Antonio Gri??n y de otros cuatro excargos de la Junta de Andaluc?a adscritos a Innovaci?n y Hacienda, Miguel ?ngel Serrano, Jes?s Mar?a Rodr?guez Rom?n, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Mart?nez Aguayo, que se le hac?a responsables de “un dolo eventual de dif?cil encaje en el delito de malversaci?n, con respecto a un resultado fraudulento producido por terceros”.*

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Carmen Mart?nez Aguayo hizo de cortafuegos a su entonces jefe y asumi? que era quien hab?a recibido los informes de la Intervenci?n General de la Junta que pusieron reparos al reparto de los fondos de Empleo. El interventor nunca activ? el c?digo rojo ni encendi? las alarmas pero varios informes, hasta 15, pusieron reparos a la partida 31.L, de la que se nutr?an las p?lizas para los prejubilados.*

La Audiencia de Sevilla y el Supremo condenaron a la c?pula del Gobierno andaluz al considerar que se durante una década, de 2000 a 2009, se hab?an repartido fondos de ayudas sociolaborales que sumaron 680 millones de euros con un sistema “ilegal” y “arbitrario” que no cumpl?a con los principios de concurrencia y competitividad que debe regir en el dinero p?blico.



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