Poco a poco, la acci?n legislativa del Gobierno va cogiendo ritmo. Casi un a?o después de las elecciones, el Gobierno de coalici?n empieza a dar salida a varios de sus proyectos de ley, una tarea para la que necesita, casi siempre, del bloque de la investidura. Este jueves, esa mayor?a se unir? para dar el visto bueno a la ley de Derecho de Defensa que, entre otras cosas, garantiza el uso de las lenguas cooficiales -catal?n, euskera y galego- ante los ?rganos con jurisdicci?n en todo el Estado.

En un nuevo acuerdo con sus socios, el Ejecutivo de PSOE y Sumar ha pactado con ERC, Junts y BNG introducir esta garant?a en la ley, aunque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo permiten de manera habitual el uso de cualquiera de estas lenguas con traducci?n continua. Sin embargo, las tres formaciones han querido dejar por escrito este derecho, algo que ha llevado al PP a abstenerse en la votaci?n en comisi?n, pese a que ha pactado numerosas enmiendas con los socialistas.

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En concreto, la ley de Derecho de Defensa, en su art?culo 10, garantizar? que cualquier persona pueda usar "cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad aut?noma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, as? como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas" en cualquier proceso ante los ?rganos con jurisdicci?n en todo el Estado. Estos son la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Juzgados Centrales de Instrucci?n, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de Vigilancia Penitenciaria, as? como el Juzgado Central de Menores.

Adem?s, se ha incluido otro apartado en el que se indica que "si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades aut?nomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondr? a disposici?n de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretaci?n y/o traducci?n". Lo que abrir?a la puerta al uso de las lenguas cooficiales en otras comunidades.

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Accesibilidad y derechos

El proyecto de ley de Derecho de Defensa, impulsado por el Ejecutivo, pretende blindar el libre acceso a la Justicia, as? como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y asegurar la accesibilidad universal. En este sentido, el texto legislativo incluye la obligaci?n de la administraci?n p?blica de ofrecer todos los recursos necesarios para asegurarse que cualquier persona pueda hacer uso de su derecho a la defensa con independencia de sus circunstancias. As?, pone especial atenci?n en las personas con discapacidad y las personas mayores.

La norma también incluye el derecho de los abogados a disfrutar de los permisos de paternidad y maternidad. En este sentido, los profesionales de la abogac?a podr?n solicitar la suspensi?n del procedimiento judicial o el nuevo se?alamiento de actuaciones procesales. También se podr? aplicar en casos de hospitalizaci?n del abogado o de baja médica.



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