La reforma de la ley de extranjer?a para regular la distribuci?n territorial de los migrantes menores no acompa?ados comienza a salvar obst?culos. El primero, en el seno del Gobierno de coalici?n, tras las diferencias en la parte socialista y Sumar, encabezada por el ministerio de Infancia. Los de Yolanda D?az empujaron medidas para aumentar las garant?as de protecci?n de estos menores, incluyendo diversos criterios para el reparto y la tutela, que a grandes rasgos tendr?n que ver con la poblaci?n, el PIB y los recursos de cada comunidad aut?noma, seg?n fuentes del Ejecutivo.

El PSOE ha fijado asimismo criterios de financiaci?n por parte del Estado para las comunidades que deber?n acoger por ley a estos migrantes. Cerrado el borrador, el siguiente paso ser? ratificar la propuesta de reforma con el Gobierno de Canarias. El ministro de Pol?tica Territorial, ?ngel V?ctor Torres, se desplazar? este lunes a Canarias para celebrar una reuni?n con el presidente Fernando Clavijo, a quien le presentar? el texto. Esta modificaci?n legislativa forma parte de uno de los compromisos de investidura en el marco de la agenda canaria.

Con el apoyo de PSOE y Sumar bajo el brazo, as? como de Coalici?n Canaria, el Gobierno emprender? conversaciones con los distintos grupos parlamentarios y convocar? a las comunidades aut?nomas a una conferencia sectorial para trasladar sus intenciones y calibrar apoyos. La fase m?s compleja para avanzar en la propuesta de modificaci?n legislativa delart?culo 35 de la ley, ya que Vox forma parte de cinco gobiernos de coalici?n con el PP y se opone frontalmente a la acogida de migrantes menores no acompa?ados que llegan a las fronteras espa?olas.

Conscientes de este rechazo por parte de la ultraderecha, en el Ejecutivo avanzan que no dar?n m?s pasos si no se aseguran previamente el apoyo del PP. Primero, porque entienden que una reforma de este calado necesita la colaboraci?n de las administraciones auton?micas y un consenso de los dos grandes partidos. Segundo, por el riesgo de que alguna CCAA presente recurso ante el Tribunal Constitucional o aliente un boicot a la norma.

En aras de buscar un consenso parlamentario e incluir modificaciones a propuestas de otros grupos, la reforma no ser? impulsada por el Ejecutivo, sino por los grupos parlamentarios que sostienen la coalici?n. Con todo, tampoco est? previsto registrar el texto sin un acuerdo expl?cito previo con Génova. Si este se consigue a cambio de introducir modificaciones de calado, el Ejecutivo deber? reiniciar el proceso para ratificar los apoyos al texto dentro y fuera del Gobierno.

Tensiones entre PP y Coalici?n Canaria

En Moncloa f?an las opciones de sumar al PP a la presi?n de los populares canarios sobre Génova. El PP forma parte del gobierno de coalici?n liderado por Coalici?n Canaria, partido para el que es una prioridad regular la distribuci?n de menores migrantes llegados a sus costas al considerar que la situaci?n es insostenible. En estos momentos est?n bajo su tutela m?s de 5.000 menores. Los populares canarios se han mostrado a favor de la reforma.

Si finalmente dan marcha atr?s ante la negativa de Alberto N??ez Feij?o por las diferencias de criterio entre los barones populares, podr?a provocar una crisis de gobierno en Canarias, seg?n vaticinan los grupos de la oposici?n. La primera de la legislatura, tras un a?o de coalici?n, en un territorio donde los bipartitos son tan habituales como el hecho de que se rompen antes de llegar al final del mandato.

Traspaso de competencias

A pesar del encaje de bolillos, fuentes del Gobierno ponen como plazo el mes de julio para impulsar el proceso parlamentario si existen los mimbres necesarios. Una vez superado el ciclo electoral que rematar? con las europeas del pr?ximo 9 de junio. Tras ello, los socialistas consideran que ser? m?s factible que el PP cuenta con mayor autonom?a para no “ceder” a Vox. Si bien reconocen m?s dificultades para un acuerdo que en otras grandes reformas que también est?n en manos de los populares por las reticencias de sus socios parlamentarios, como la modificaci?n de la ley del Suelo o la ley abolicionista de la prostituci?n, que en la pasada legislatura ya aval? el PP antes de que decayese por el adelanto electoral.

En el caso de que no haya acuerdo, la inmigraci?n engordar? la agenda de asuntos polarizadores entre los dos grandes partidos y entre el Estado y las comunidades aut?nomas gobernadas por PP y Vox, como ya es el caso de las leyes de memoria democr?tica y la violencia de género. Asimismo, si la reforma no se materializar? se alimentar? el traspaso de competencias para fijar los itinerarios de inserci?n. En el acuerdo con el PNV, el PSOE ya pact? esta transferencia. Con Junts se trabaja en la misma direcci?n para transferir a la Generalitat las competencias en esta materia recogidas en el Estatut.



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