Javier Milei no esconde su simpat?a con el experimento pol?tico salvadore?o. Se lo dijo personalmente a Nayib Bukele d?as atr?s, cuando particip? de la inauguraci?n de su segundo mandato. Al principio, el presidente del pa?s centroamericano intent? pactar con las Maras. El acuerdo fracas? y Bukele puso al Estado al servicio de una cacer?a de los delincuentes, encerrados de a miles en c?rceles de m?xima seguridad. La pol?tica de seguridad redujo de manera contundente la ola de asesinatos en medio de denuncias de sistem?ticas violaciones a los derechos humanos. Bukele suele mofarse de esas impugnaciones. El Gobierno de ultraderecha argentino hace suya esa sorna. Si bien no enfrenta un problema de las pandillas, acaba de encontrar una figura peligrosa, el "terrorista", que no es otro que aquel que sale a la calle a rechazar el programa econ?mico y social. Milei, de la mano de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha introducido en la vida pol?tica un lenguaje punitivo desconocido en 40 a?os de vida democr?tica.

La ola de detenciones durante el reciente debate parlamentario de la Ley Bases fue acompa?ada de agentes infiltrados entre los manifestantes que provocaron destrozos, as? como polic?as a cara descubierta que dispararon balas de goma a mansalva, rociaron de gas pimienta a legisladores opositores o simples transe?ntes, cuando no los zurraban a bastonazos. Semejante coreograf?a represiva ha sido justificada por las autoridades: se trat? de evitar un "golpe de Estado moderno" que se basa en un "desgaste permanente" del Gobierno para que "pierda la capacidad de acci?n". Los organismos de derechos humanos ya han lanzado una advertencia: el derecho a la protesta pende de un hilo, y no solo por la normativa que incorpora la Ley Bases, sino una expresa voluntad del Gobierno de disuadir cualquier intento de ocupar el espacio p?blico mientras se ejecuta un programa regresivo en materia laboral, social y cultural. Las nonagenarias Madres de Plaza de Mayo alertaron: "Argentina asume una fachada democr?tica que no alcanza a encubrir su rostro autoritario".

Medio siglo atr?s, Bullrich hab?a estado del lado de los j?venes inconformes. Por entonces, formaba parte de Montoneros, la guerrilla urbana de origen peronista. Perteneciente a una familia de origen aristocr?tico, la "Pato" o "Mumi", retorn? con el correr de los a?os a su mundo de pertenencia. Milei la acus? de haber puesto bombas y ser una "asesina" cuando disputaba con ella la presidencia. Una vez victorioso, tendi? su mano a quien ya hab?a sido ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019). La convoc? para que ejercitara sin miramientos la "mano dura".
Severas penas

Los protocolos de seguridad de Bullrich supusieron desde el inicio de la era Milei una novedad: no se puede cortar el tr?nsito de las principales avenidas de la ciudad. Los organizadores de las marchas deben pagar los costos operativos de la polic?a y la gendarmer?a. Las movilizaciones del pasado miércoles fueron repelidas de un modo inédito. Adem?s, fueron arrestados 33 "piqueteros".

Entre los acusados hay un indigente que viv?a en la calle, un extrabajador de un supermercado chino, un delegado sindical y docente, una familia de vendedores ambulantes. Desde hace décadas, las movilizaciones han incorporado el paisaje de los puestos de comidas calientes. Los chorizos (embutidos) y hamburguesas se asan a la vista de quienes se desplazan por las calles. También se ofrecen empanadas y bebidas. Eso es lo que ofertaban un hombre mayor con su hija y su nieta hasta que se lo llevaron. Lo mismo le ocurri? a un joven que hablaba por teléfono y a un estudiante de m?sica. "Est?n diciendo que los chicos son terroristas. 'La terrorista' de mi hija es la que se ocupa de armar, junto a sus compa?eros, de organizar ollas populares para que los chicos puedan comer. Mi hija es mam? de dos nenes. Mi hija le ense?a a dos nietos a cortar verdura para que otros chicos puedan comer", dijo la madre de una detenida. "Nos produce tristeza y estupor revivir escenas de represi?n que repudiamos y constituyen un doloroso retroceso que intenta acallar voces disidentes", lament? el rector de la Universidad de San Mart?n, Carlos Greco, tras la detenci?n de Carlos Greco, rector de la Universidad de San Mart?n, public? en "X": "comparto la preocupaci?n ante las detenciones de "tres estudiantes de nuestra comunidad".

En la noche del viernes liberaron a la mitad de los arrestados por falta de pruebas. El ministerio que conduce Bullrich decidi? denunciar a los restantes por "desmanes" y "cuantiosos da?os". Ser?n también juzgados aquellos que resulten identificados por las c?maras emplazadas alrededor de la legislatura.

El fiscal Luis Stornelli, quien cinco a?os atr?s fue acusado de extorsi?n, pero nunca pudo ser juzgado a pesar de evidencias escandalosas, ha vuelto a los primeros planos. Prometi? investigar "acciones y conductas, en alg?n caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor p?blico y suscitando tumultos o des?rdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democr?tica". Algunos son delitos contemplan penas de 15 a?os de c?rcel.
Rechazan acusaciones

"Esto es un delirio", asegur? la abogada Mar?a del Carmen Verd?, de la Coordinadora contra la Represi?n Policial e Institucional (Correpi). "Golpe de Estado fue lo de Bolivia en 2019, el asalto al Capitolio de 2021 y el ataque al Palacio del Planalto en Brasil", se?al? Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Seg?n Agustina Lloret, también del CELS, se verifica "un uso abusivo del derecho penal para criminalizar manifestantes". Stornelli no ha explicado cu?les son las sospechas que caen sobre los ciudadanos por los que pide prisi?n preventiva. El organismo acaba de formular una denuncia ante la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), el Gobierno intenta crear nuevos modos de neutralizaci?n de los opositores. "Estaba claramente planificado: la semana pasada el Ministerio de Seguridad modific? una resoluci?n para que el Poder Ejecutivo pueda calificar como terrorista a quien quiera. Es grav?simo el uso del terror o del miedo al se?alamiento del Estado como herramienta pol?tica. Est?n construyendo una institucionalidad paralela a la del Estado de derecho".
"Son capaces de destruir todo", repiti? Bullrich sobre el peronismo, los sindicalistas y la minoritaria izquierda, antes de subirse a un avi?n con destino a El Salvador. La ministra ser? recibida por Bukele y su par de Seguridad, Gustavo Villatoro. Se propone a su vez visitar este fin de semana el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una c?rcel que puede albergar 40.000 presos y posee sistemas de vigilancia sofisticados. Bullrich aspira a hacer algo parecido en Argentina. En mayo pasado anunci? que se edificar?n dos prisiones de gesti?n privada. "Est?n ya en proceso de comienzo de licitaci?n".



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