La jueza Martina Mora, tras varios a?os de investigaci?n, ha concluido las diligencias de la principal pieza del llamado caso Puertos. Un asunto que se inici? hace tres a?os ante las sospechas de que la entonces direcci?n de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), encabezada por Joan Gual de Torrella, ama?? concursos p?blicos para beneficiar a determinados clubes o empresas. En concreto, la investigaci?n se ha centrado en la concesi?n de la explotaci?n de la principal instalaci?n na?tica de Ibiza y del puerto de Menorca.

En un extenso y muy elaborado auto, la magistrada entiende que de la investigaci?n se desprenden indicios claros de que en estas concesiones, aprobadas por todo el Consejo de Administraci?n de la APB, se pudieron cometer hasta cuatro delitos, lo que justifica el procesamiento de hasta 17 personas, la mayor?a de ellas funcionarios o altos cargos pol?ticos, como paso previo al juicio que se celebrar? contra ellos, una vez que se presente el escrito de acusaci?n. Los delitos que se investigan en este caso se concretan en el de prevaricaci?n administrativa, fraude a la administraci?n, tr?fico de influencias y un delito instrumental de cohecho.

En este auto se resalta, como principal acusado, la figura del expresidente de la APB, Joan Gual de Torrella, que ocup? su cargo antes de ser detenido por designaci?n pol?tica del anterior Govern del Pacte. La jueza le atribuye a Gual los cuatro delitos citados con anterioridad.

Las otras 16 personas implicadas en este caso y que con casi toda seguridad tendr?n que afrontar un juicio son: Miquel Puigserver, Rafael Ruiz (exalcalde de Ibiza), Juan Carlos Plaza, Dolores Ripoll (jefa de la abogac?a del Estado en Baleares), Fernando Berenguer, Armando Parada, Jorge Mart?n, Vicente Fullana, Juan Mar?, José Mar?a Costa (exconseller socialista), Justo Saura, Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pos, Basilio Sastre y Javier Enrique. Casi todos est?n acusados de prevaricaci?n y fraude a la administraci?n, delitos que pueden conllevar penas de c?rcel.

La magistrada confirma que el proceso para autorizar la explotaci?n del puerto de Ibiza fue ama?ado desde la propia direcci?n de la Autoritat Portuària. El Club N?utico de Ibiza llevaba décadas explotando el espacio p?blico. Dicha concesi?n terminaba el 2010 y durante a?os disfrut? de pr?rrogas, hasta que no hubo m?s remedio que convocar una oferta p?blica, a través de la valoraci?n de varios proyectos.

El auto de la jueza concluye que exist?a un interés pol?tico de que el hist?rico Club N?utico de Ibiza (CNI) siguiera dirigiendo la actividad del n?utico, ya que era una propuesta que se defend?a desde los dos principales partidos pol?ticos de Baleares. As?, para llevar a cabo este plan, seg?n la conclusi?n que alcanza la magistrada, el presidente de la APB, con la colaboraci?n del director de este organismo y la abogada del Estado, realizaron las maniobras administrativas necesarias para que la oferta del CNI obtuviera la mayor puntuaci?n. Para ello a?adieron un concepto a puntuar, como fue el del arraigo. A esta propuesta p?blica se presentaron otras dos empresas y una de ellas consigui? que los tribunales anularan la aprobaci?n de la concesi?n, considerando que el concepto de arraigo era ilegal. Esta primera propuesta qued? anulada, pero seg?n recuerda la juez, hubo un segundo acuerdo del Consejo de Administraci?n que volvi? a ratificar el mismo proyecto. De nuevo la empresa perdedora acudi? a los tribunales y por segunda vez se anul? el acuerdo de la APB.

Lo mismo ocurri?, seg?n la conclusi?n que alcanza la magistrada, con la concesi?n de los amarres del puerto de Ma?, que se otorg? a un grupo de empresas, que contaron con un trato de favor por parte de Gual de Torrella.

Un interés pol?tico para conseguir m?s votos

La magistrada reconoce que no existe una prueba clara y directa que demostrar?a esta actuaci?n corrupta por parte de los altos cargos investigados. Sin embargo, s? entiende que, a través de una valoraci?n conjunta de las pruebas que ella ha analizado. s? aparece un conjunto de indicios que apuntan hacia el ama?o de las dos concesiones p?blicas.

En cambio, la jueza deja claro que ninguno de los investigados ha podido recibir ninguna recompensa econ?mica a t?tulo personal. El beneficio que habr?a obtenido ser?a el de contentar a los responsables pol?ticos para continuar en el cargo, sobre todo en el caso de Gual de Torrella, que fue elegida por la expresidenta del Govern y que obten?a un sueldo anual de m?s de 100.000 euros.

Esta conclusi?n de la investigaci?n es el paso previo a que las acusaciones presenten sus respectivos escritos. Una vez concluido este tr?mite, la magistrada tendr? que valorar y resolver si prosigue con el procedimiento, enviando a juicio o sobreseyendo la causa para todos o algunos de los procesados.



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