La "regeneraci?n democr?tica" apuntada por el presidente S?nchez preocupa a la judicatura, aunque la reacci?n no es un?nime. Magistrados y vocales del Consejo General del Poder Judicial consultados por El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial, se dividen entre quienes ven un peligro de ruptura del juego democr?tico en el anuncio de una reforma legal que permita desbloquear de una vez el Consejo General del Poder Judicial y las alusiones al lawfare, y quienes atribuyen las palabras del presidente a una mera estrategia electoral. Esto ?ltimos huyen de catastrofismos y esperan conocer medidas concretas, apuntando a los resortes con que cuenta el Estado para garantizar el cumplimiento de la Constituci?n.

En el Tribunal Supremo la preocupaci?n es generalizada, seg?n se?alan varios de sus magistrados a este diario. "Cuando la causa que te hace pensar en la dimisi?n es una investigaci?n judicial y anuncias que vas a seguir para impedir situaciones similares en el futuro, se est?n poniendo en riesgo los cimientos del proceso penal", manifiesta uno de ellos. En todo caso, dentro del ?rgano rechazan hacer m?s especulaciones sobre los proyectos legislativos que a?n se desconocen.

En cuanto a los miembros del ?rgano de gobierno de los jueces, la mayor?a apuesta a que, esta vez s?, el Gobierno y sus socios podr?an atreverse con una reforma legal que reduzca la mayor?a necesaria para elegir a los vocales en el Parlamento. La idea, que fue desechada anteriormente por los reparos de la Comisi?n Europea, es considerada por algunos como un "atajo" y les pone en alerta "en defensa del Estado de Derecho conforme a los est?ndares y principios de la Uni?n Europea”.

"Cruzar el Rubic?n"

“Una rebaja de mayor?as supondr?a abiertamente aplicar el principio de regresi?n en materia de est?ndares conformadores del Estado de Derecho consagrados por el Derecho de la UE en su interpretaci?n dada por el TJUE”, se?alan estas fuentes, que lamentan que, con sus palabras, S?nchez haya perdido "una gran oportunidad para tender puentes y lanzar un mensaje de concordia”.

Los magistrados y vocales consultados no descartan, sin embargo, que el presidente esté hablando “en clave y con dimensi?n de su estrategia pol?tica para forzar una negociaci?n, pero no para llegar a mayores. Ser?a cruzar el Rubic?n…”, concluyen.

Otros miembros de la judicatura se muestran menos sombr?os con respecto al futuro, y subrayan que el Estado cuenta con resortes m?s que suficientes para que se garantice el cumplimiento de la Constituci?n. "La democracia espa?ola tiene la madurez suficiente para evitar que una mayor?a coyuntural trastoque los principios del Estado de derecho", aventuran.



Sin reacci?n institucional del CGPJ

De hecho, en el Consejo del Poder Judicial los vocales no han perdido "la calma ni el sosiego" como lo demuestra que ni la esperada declaraci?n del presidente S?nchez tras sus d?as de reflexi?n ni sus entrevistas posteriores hayan motivado ninguna reuni?n en el seno del ?rgano de gobierno de los jueces, ni siquiera informal, como s? hab?a ocurrido en ocasiones como la de la menci?n al lawfare en el pacto de investidura. "Ello no significa que no se vea gravedad, pero es bueno mantener el aforismo de que los puentes se cruzan al llegar a ellos, no antes", apuntan desde el sector conservador del Consejo.

Las principales cr?ticas se dirigen a que hayan sido precisamente la justicia y los medios de comunicaci?n, una parte de los cuales seg?n S?nchez han confundido la libertad de expresi?n con la libertad de difamar, los dos pilares en los que el presidente del Ejecutivo haya centrado su propuesta de “regeneraci?n”. "Son los dos contrapesos que no ha podido doblegar y son objetivos claros", apuntan quienes se muestran m?s preocupados.

Desde las organizaciones que representan a los jueces, la m?s dura con los planes del presidente es la mayoritaria Asociaci?n Profesional de la Magistratura. Su portavoz, Mar?a Jes?s del Barco, admite en conversaci?n con este diario que aunque S?nchez no ha concretado sus planes, las preguntas "capciosas" realizadas en la encuesta del CIS que se conoci? tras su comparecencia y lo que parece deducirse de sus manifestaciones hacen pensar que pueda volver a intentar una rebaja de mayor?as como la de 2020, que recibi? fuertes advertencias desde Europa.

"De ser as?, estar?amos hablando sin remedio de una politizaci?n del ?rgano, ser?a la puntilla", afirma del Barco. Sobre el lawfare, advierte de iniciativas que vayan dirigidas, en ?ltimo término, a establecer la censura en los medios de comunicaci?n.

Sergio Oliva, de la asociaci?n Francisco de Vitoria, también apunta como se?al de preocupaci?n que se pueda retomar el proyecto de rebaja de las mayor?as parlamentarias para designar vocales del CGPJ. Considera que, adem?s de ir en contra de las recomendaciones europeas, se atacar?a el propio sentido de la Constituci?n y el sistema establecido por sentencia del Tribunal Constitucional en 1986, dirigido a la b?squeda de consensos. En cuanto al lawfare -guerra sucia judicial-, reconoce que se trata de un término que se utiliza como caj?n de sastre y no se siente concernido.

Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, coincide con los anteriores diagn?sticos: lamenta que se presente a la justicia "como enemiga de la democracia cuando es justo lo contrario". A su juicio, se vende un el relato de que la justicia est? politizada y por ello las medidas deber?an ir dirigidas a "sacar la pol?tica de la justicia" y no al revés. La rebaja ir?a en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también de los principios europeos de evitar la rebaja de derechos. Teme que la reforma vaya dirigida, muy al contrario, con hacerse con el control de los nombramientos discrecionales en el Consejo, el "tesoro oculto que todos anhelan".

Ajena a todos estos an?lisis se muestra Juezas y Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Edmundo Rodr?guez Achutegui, manifiesta a este diario que "no ven peligro" en los anuncios de S?nchez porque limitan a "proponer que el parlamento debata posibles soluciones a la situaci?n terrible que padece el Consejo, debido al boicot a su renovaci?n por el Partido Popular.

Sobre el tema de lawfare y medios de comunicaci?n, la asociaci?n progresista considera que los partidos pol?ticos tienen que dejar de instrumentalizar la justicia y los tribunales. "La controversia pol?tica tiene su ?mbito natural en los parlamentos, no en los juzgados, empe?arse en judicializar la vida p?blica lleva al abuso del proceso y a la utilizaci?n espuria de los tribunales", concluye Rodr?guez Achutegui.



أكثر...