Los tribunales han frenado, uno a uno, todos los intentos de las comunidades por abatir lobos. La Asociaci?n para la Conservaci?n y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) present? recursos judiciales a las decisiones adoptadas por Asturias, Cantabria y La Rioja que persegu?an dar muerte a ejemplares con el argumento del control poblacional. En todos los casos, los recursos prosperaron y las sentencias dieron la raz?n al colectivo conservacionista.

El mayor intento de una administraci?n auton?mica por sortear la protecci?n al lobo por su inclusi?n en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protecci?n Especial lo realiz? Cantabria, donde el gobierno regional plante? en junio de 2022 que se matase a 10 lobos mediante tres autorizaciones previas. En concreto, se planteaba abatir a dos lobos en Polaciones y Tudanca, cuatro lobos en La Hermandad de Campoo de Suso y otros cuatro ejemplares en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga.

Cantabria ten?a prevista la "extracci?n" de 34 ejemplares en su plan de gesti?n de la especie, antes de que se aprobase la protecci?n por parte del Gobierno central, por lo que el Gobierno c?ntabro planteaba mediante autorizaciones espec?ficas ejecutar casi la tercera parte del control poblacional que ten?a previsto.

Ascel present? un recurso de alzada, que fue denegado, y termin? acudiendo a los tribunales con tres recursos contenciosos-administrativos exigiendo como medida cautelar la suspensi?n de las resoluciones, lo que fue inicialmente denegado.

Fue entonces, en septiembre de 2022, cuando el gobierno c?ntabro emiti? tres autorizaciones ejecutivas para matar tres lobos, uno en cada zona previamente autorizada. ASCEL termin? acudiendo a los tribunales con una medida cautelar de suspensi?n que s? fue finalmente admitida. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha resuelto favorablemente a Ascel en todos los casos, lo que ha anulado tanto las autorizaciones previas como las ejecutivas que el Gobierno de Cantabria emiti? para matar lobos. Todas las sentencias condenan al gobierno c?ntabro a abonar las costas.

En el caso de Asturias, el gobierno regional intent? abrir la puerta al control poblacional con su programa de gesti?n 2022-2023, que también fue recurrido. Finalmente, el programa expir? sin que se llevase a cabo ninguna extracci?n y no se elaboraron nuevos programas los a?os siguientes. El Principado también autoriz? una muerte en los Picos de Europa que caduc? sin que se llevase a cabo. La Rioja también aprob? un plan de gesti?n que permit?a abatir al 6% de los ejemplares. El Tribunal Superior de esa comunidad anul? la determinaci?n de cupos m?ximos de ejemplares de lobo que pod?an ser sacrificados, lo que en esencia tumbaba el plan.



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