El Gobierno llevar? al Consejo de Ministros en las pr?ximas semanas el plan de choque sobre los abusos sexuales en el ?mbito de la Iglesia cat?lica para datar de un estatus jur?dico a las v?ctimas y regular las indemnizaciones a?n en los casos prescritos penalmente. El borrador del plan promovido por el ministerio de Presidencia y Justicia, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, recoge la adopci?n de medidas, tanto legales como administrativas, “para permitir el reconocimiento y reparaci?n de las v?ctimas de abusos sexuales a menores en el ?mbito de la Iglesia cat?lica en los casos en que, por prescripci?n del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acci?n penal”.

Para las compensaciones econ?micas, el Gobierno impulsar? diferentes modificaciones legales con el objetivo de que “la extinci?n de la responsabilidad penal por la prescripci?n del delito en los casos de abusos sexuales a menores no limite el ejercicio de la reclamaci?n de la responsabilidad civil conforme a la regla general”. Concretamente, iniciando el c?mputo del plazo de prescripci?n de la acci?n civil, siempre que no se haya renunciado a su ejercicio, una vez que el delito haya prescrito.

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Siguiendo las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo, que todav?a deber? presentar en el Congreso ?ngel Gabilondo, el plan prioriza que se cree un ?rgano mixto entre el Estado y la Iglesia para asumir las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del victimario. Un ?rgano independiente, integrado por especialistas y de car?cter temporal que tendr?a como finalidad la reparaci?n de las v?ctimas. Para impulsarlo ser?a necesaria la colaboraci?n de la Iglesia con el fin de que se haga cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparaci?n simb?lica”.

La Iglesia viene dando pasos en los ?ltimos meses desde su negacionismo inicial a una posici?n m?s proactiva, hasta el punto de que la Conferencia Episcopal ha elaborado su propio plan de reparaci?n a las v?ctimas de pederastia. Las indemnizaciones las asumir?an los victimarios o las di?cesis implicadas, pero no la Conferencia Episcopal, que siempre rechaz? su participaci?n en un fondo de compensaci?n estatal.

El plan del ejecutivo evita desarrollar esta recomendaci?n incluida en le informe del Defensor del Pueblo, y ante la posibilidad de que la Iglesia decida no colaborar, ser? el Estado quien asuma las indemnizaciones. Lo har?a en este caso de la mano de las comunidades auton?micas y tras aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condici?n de v?ctimas y las medidas reparadoras pertinentes.

Diferencias entre Gobierno e Iglesia

El plan asume la posici?n de que “la respuesta de la Iglesia cat?lica tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo como a las denuncias de los abusos han sido insuficiente”. Principalmente, a la hora de abordar los casos pasados y prescritos penalmente y hacer frente a su reconocimiento y reparaci?n. Por tanto, es en esta cuesti?n en la que se pone un mayor foco para dar respuesta desde el Estado. S? valora otras respuestas dadas por la Iglesia m?s enfocadas en el “presente y futuro”. Esto es, la elaboraci?n por parte de las entidades religiosas de diversas instrucciones y protocolos dirigidos a la prevenci?n, detecci?n e intervenci?n en los casos de abusos sexuales, as? como, la puesta en marcha en todas las di?cesis y de muchos institutos religiosos, de las Oficinas de atenci?n a las v?ctimas.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bola?os, se reuni? el pasado jueves en el palacio de La Moncloacon el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y su secretario general, Francisco César Garc?a Mag?n. El primer encuentro desde que la instituci?n de los obispos elegiese al conservador Argüello el pasado 5 marzo. Hasta la fecha, el Estado y la Iglesia han logrado acuerdos relativos a las inmatriculaciones de bienes o a la modificaci?n del régimen tributario para eliminar algunas de sus exenciones de impuestos, pero no parece que vaya a haber una colaboraci?n total en el plan de respuesta e implementaci?n del informe del Defensor del Pueblo.

La Iglesia ya concluye en su propio informe ‘Para dar luz. Informe de los abusos sexuales cometidos en el ?mbito de la Iglesia cat?lica (1945-2022)’ que los casos de abusos en su seno son “una proporci?n cuasi residual con respecto a los casos que mayoritariamente se producen en el seno de la familia, las instituciones y otros ?mbitos de la sociedad” y que existen otros responsables, incluido el Estado y los poderes p?blicos.

Homenaje de Estado

El plan promovido por el Gobierno prevé la organizaci?n de un acto de Estado, con la presencia de las v?ctimas, sus representantes y familiares, que ahonde en su reconocimiento con un estatus como el que tienen otro tipo de v?ctimas. “La primera necesidad de las personas que han sufrido abusos sexuales en el entorno de la Iglesia cat?lica es la de ser reconocidas”, recoge el informe del Defensor del Pueblo como el paso previo a la asunci?n del compromiso de responder al reto de su reparaci?n y prevenci?n. El objetivo de este acto de Estado ser?a as? “el reconocimiento del prolongado per?odo de tiempo de desatenci?n y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, durante el cual los poderes p?blicos no establecieron procedimientos adecuados de detecci?n y reacci?n frente a los abusos sexuales de menores cometidos en centros escolares dependientes de la Iglesia cat?lica”.

Las v?ctimas de las que se ha tenido conocimiento ascienden a 487 y después de la presentaci?n de informe se recibieron cerca de un centenar de testimonios m?s. La comisi?n encargada de elaborar la encuesta sobre la prevalencia de los abusos revela que un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron haber sido v?ctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia (antes de los 18 a?os). En un ?mbito religioso, el dato obtenido es que los abusos afectan a un 1,13 % de los adultos en Espa?a, siendo un 0,6% el porcentaje de personas adultas que fueron v?ctimas de abusos por parte de un sacerdote o religioso cat?lico.



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