El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?a Castell?n no ha dejado dejado pasar ni un d?a para responder a las autoridades suizas, en el sentido de que los tratados internacionales suscritos por ambos pa?ses proh?ben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos pol?ticos cuando se trata de delitos pol?ticos, como ocurre en esta causa que instruye por las convocatorias de Tsunami Democràtic.

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En su auto el juez explica que desde que en noviembre curs? la comisi?n rogatoria al pa?s helvético pidi? una reuni?n de coordinaci?n en el marco de Eurojust con car?cter urgente para aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas.

Esta situaci?n, para el juez, resulta particularmente extra?a, atendiendo la confianza rec?proca que suele caracterizar la cooperaci?n entre ambos Estados. “Se desconoce la raz?n por la que no se ha efectuado hasta el momento la reuni?n solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equ?vocos es la comunicaci?n directa entre las autoridades competentes”, apunta.

El magistrado reitera la necesidad de materializar esa reuni?n de coordinaci?n y, mientras tanto, responde en su auto a las cuestiones planteadas por las autoridades de Suiza.

Duda llamativa

En su auto, el juez considera que es “llamativa” la solicitud de explicaci?n que figura en la comunicaci?n suiza en relaci?n con las posibles consecuencias de una ley de amnist?a en relaci?n con los miembros de la plataforma Tsunami Democratic y con la investigada Marta Rovira.

Garc?a Castell?n recuerda que, en el Reino de Espa?a, as? como en las democracias de la UE la funci?n de los jueces “es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” y a?ade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es funci?n de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacci?n, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la funci?n de juzgar, calificar o sentenciar.

Indica que en la comunicaci?n recibida por las autoridades de la Confederaci?n Helvética se insta a este instructor a dar “explicaciones” sobre una ley que “se est? preparando” de la que la autoridad de ejecuci?n ha tenido conocimiento “por la prensa”. Para el instructor, “la explicaci?n resulta manifiestamente inadmisible y no se puede sustanciar por este magistrado, sin entrar en m?s consideraciones de fondo”.

Adem?s, subraya que, en un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en tr?mite, ni hip?tesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza. Este magistrado, advierte el juez, “desconoce cualquier cuesti?n relativa a la norma citada en la comunicaci?n, y tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética norma no aprobada”.

Incoherencia

Como corolario a esta singular solicitud, indica el magistrado, “debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacci?n de la petici?n, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo pol?tico de la solicitud de cooperaci?n judicial y simult?neamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuesti?n de naturaleza eminente pol?tica ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes. Semejante incoherencia podr?a hacernos pensar que el sesgo pol?tico m?s bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicaci?n. Puesto que se plantea una cuesti?n que nada tiene que ver con la funci?n de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideraci?n alguna”.

En relaci?n con la petici?n de localizaci?n de Marta Rovira, el juez explica que ha acudido a la v?a de la cooperaci?n judicial pues al tratarse de recabar informaci?n sobre el domicilio de una persona que afecta a un derecho fundamental reconocido en la Constituci?n ha entendido que el instrumento que ofrece mayor garant?a es la cooperaci?n judicial y no la v?a policial.

Desde un punto de vista de la proporcionalidad el magistrado explica que si bien se trata de un dato de car?cter personal y que responde la negativa de la investigada a facilitar su paradero posee unos efectos invasivos m?nimos.

Respecto a la petici?n de informaci?n bancaria, el juez precisa que se fija hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democratic.

El magistrado a?ade que la actuaci?n de este grupo u organizaci?n no se circunscribe a un solo acto, como se describe en la comisi?n rogatoria remitida, sino que abraza diversas acciones, que se ven interrumpidas por la crisis sanitaria de principios del a?o 2020, y que tratan de reactivarse, sin éxito, a mediados del a?o 2020.



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