Espa?a sigue "sin investigar eficazmente la violenta respuesta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Melilla y Marruecos en 2022". As? abre Amnist?a Internacional el informe anual en el que eval?a c?mo se cumplen --o no-- los derechos humanos en Espa?a.

Casi dos a?os después, sigue sin esclarecerse la muerte de 37 personas migrantes a manos de las fuerzas del orden en unos hechos en los que al menos 76 personas m?s resultaron heridas. La Fiscal?a General cerr? la investigaci?n argumentando que los agentes de polic?a hab?an actuado conforme a la legislaci?n nacional, denuncia el informe.

Amnist?a también denuncia que para los migrantes que pueden llegar a Espa?a, ya sea a través de Melilla, Ceuta, o por mar, la burocracia de la petici?n de asilo se alarga al menos seis meses hasta tener su primera entrevista, tiempo durante el cual pueden ser expulsados.

Por otra parte, el informe se?ala a Espa?a por la impunidad judicial que rodea al caso de espionaje a través del programa esp?a Pegasus contra al menos 65 personas, entre las que hab?a periodistas, representantes pol?ticos y miembros de la sociedad civil catalana. Algunos de los afectados fueron el presidente del Gobierno, Pedro S?nchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el 'president', Pere Aragonès.

El Parlamento Europeo confirm? estos casos de espionaje a través del software israel? pero no hubo avances en ninguna de las 13 demandas presentadas ante los tribunales. La Audiencia Nacional cerr? la investigaci?n en julio "debido a la falta de cooperaci?n de las autoridades israel?es", cita el informe.

Ayuso, en el foco

Amnist?a apunta también a los dirigentes pol?ticos espa?oles por no asumir responsabilidades por la muerte de hasta 35.000 personas mayores en las residencias durante el pico del covid-19. Esto conllev?, seg?n la organizaci?n, cinco violaciones de derechos humanos: el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminaci?n, a la vida privada y familia y a la muerte digna.*

El pasado mes de febrero, la organizaci?n ya se?al? directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D?az Ayuso, por la muerte de 7.291 mayores en las residencias p?blicas madrile?as por el protocolo que impidi? trasladarlos a un hospital para que fueran atendidos.*

La ley de vivienda también recibe la cr?tica de Amnist?a por no contemplar un mecanismo de control de los precios de alquiler ni sanciones contra los que no la cumplan. La ley tampoco proh?be los desalojos de personas en riesgo de sinhogarismo ni fija objetivos anuales para aumentar el parque de viviendas sociales. De nuevo mirando a la capital, destaca el barrio de la Ca?ada Real, el mayor asentamiento de Europa, donde 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, viven sin electricidad desde hace cuatro a?os.

Incluso entre los progresos del ?ltimo a?o, Amnist?a da nota negativa a la gesti?n de D?az-Ayuso. La organizaci?n valora positivamente la entrada en vigor de la ley que protege el acceso a servicios de salud de las personas trans y el derecho a la autodeterminaci?n de género, y que proh?be las terapias de conversi?n. Sin embargo, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprob? "una legislaci?n regresiva", seg?n la oenegé, que niega el derecho reconocido a nivel estatal de determinar el propio género y restringe las iniciativas educativas de promoci?n de los derechos LGBTI.



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