Las maniobras para evitar la imputaci?n del PP en la causa que dio lugar al juicio por el uso de dinero negro en la sede del PP en la madrile?a calle Génova, que tuvo su origen en los denominados "papeles de B?rcenas", tuvieron su reflejo en el intercambio de correos electr?nicos entre los responsables de la Agencia Tributaria y los inspectores a los que correspond?a contestar al juez instructor, Pablo Ruz.

As? lo evidencian varios e-mails incluidos en el sumario del caso que investiga el juez de Tarragona Rubén Rus Vela sobre las actividades presuntamente irregulares de la consultora Equipo Econ?mico, que fund? en 2006 el exministro de Hacienda Crist?bal Montoro. Los investigadores de Hacienda adscritos a la Fiscal?a Anticorrupci?n se?alaron en un informe remitido al juez en enero de 2023, consultado por El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial, que los correos apuntan a una "eventual intervenci?n sobre decisiones de funcionarios p?blicos".

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Recreaci?n de un correo electr?nico entre funcionarios de Hacienda.
Nacho Garc?a
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De hecho, estas conversaciones y las decisiones adoptadas posteriormente culminaron en una informaci?n dirigida directamente al ministro Montoro, como ya inform? este diario, sobre las dos alternativas posibles con respecto a la posible atribuci?n al PP de un delito contra Hacienda: un an?lisis que conclu?a que exist?a cuota de delito y otra respuesta en sentido contrario, que fue por la que finalmente se opt?.

"Espero que el juez no nos pregunte"

Las comunicaciones reflejan las dudas de los funcionarios p?blicos a la hora de obviar un posicionamiento previo de la Direcci?n General de Tributos que obligar?a a informar en el primer sentido, as? como cierto nerviosismo ante la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional conociera la existencia de este criterio vinculante, que era contrario a las respuestas que estaba recibiendo. "S?lo espero que el juez no nos pregunte espec?ficamente o nos pida aclaraci?n", llega a se?alar director general de Tributos, Diego Mart?n Abril, a uno de los inspectores en un mensaje remitido el 21 de marzo de 2015.

M?s informaci?n (Auto)


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La consulta de UPyD

En septiembre de 2013 se emiti? un primer informe sobre la existencia de un posible delito fiscal en el encargo que el PP hizo a la empresa Unifica, la elegida para reformar su sede en Madrid. En este informe se se?al? a la compa??a como posible autor del mismo, pero no al PP. Unos meses m?s tarde, en abril de 2014, se produjo una maniobra por parte de UPyD, entonces liderado por Andrés Herzog, que ser?a clave para lo ocurrido después dentro de Hacienda.

Herzog realiz? una pregunta vinculante a la Direcci?n General de Tributos sobre si las donaciones an?nimas que reciben las formaciones y exceden de la cantidad fijada por la Ley de Partidos también est?n exentas de tributar o, al tratarse de donaciones ‘ilegales’, deber?an hacerlo. La respuesta se conoci? como 'doctrina C?ritas', al se?alarse una equivalencia entre estas donaciones y las que reciben organizaciones como las que puedan recibir organizaciones de tipo benéfico para atender a personas desfavorecidas, que est?n exentas de tributaci?n.

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Recreaci?n de un correo electr?nico entre funcionarios de Hacienda.
Nacho Garc?a
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La existencia de este criterio previo complic? la respuesta al juez Ruz desde Hacienda. As? lo evidencia, por ejemplo, el mensaje que el 24 de julio de 2014 se intercambian varios responsables de Hacienda sobre una interpretaci?n contraria en el caso de los papeles de B?rcenas. En el contenido de este mensaje, que acaba llegando a al jefe de gabinete del ministro, Felipe Mart?nez Rico, y al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, los responsables tratan de desligar las conclusiones para UpyD del asunto en la Audiencia Nacional.

La alta funcionaria que hab?a respondido al partido magenta, Bego?a Garc?a-Rozado, apunta en un mensaje a las correcciones concretas que deber?an enviarse al juez: "Deber?a indicarse que la consulta no contradice en ning?n caso lo que dice el informe"... "yo a?adir?a un p?rrafo general al principio indicando algo as? (Antonio lo puede completar y poner m?s bonito)", en referencia al inspector encargado del informe.

La consulta, al descubierto

El tema vuelve a inquietar a los inspectores meses m?s tarde, tras la publicaci?n el 21 de marzo de 2015 en el diario Expansi?n de una informaci?n con este titular: "Tributos establece una doctrina contraria a Montoro: el PP no es como C?ritas". "Horror", comenta Garc?a-Rozado al poner al d?a de esta publicaci?n al director general de Tribuntos, Diego Mart?n-Abril.

A partir de ese momento, el inspector comienza a intercambiarse varios correos con el inspector Antonio Montero: "Te puedes imaginar que ya me han pedido aclaraci?n", se?ala Mart?n-Abril, a lo que el otro funcionario responde: "Joder, crucemos los dedos, y que ninguna mente privilegiada empiece a pensar que hay matices".

La cuesti?n de la que hablan ambos responsables de Hacienda es de la discrepancia entre la Agencia Tributaria, a la que hab?a consultado el juez, y la Direcci?n de Tributos, para concluir que deber?a instarse de la AEAT que justificase los motivos jur?dicos que han determinado su separaci?n del criterio fijado por Tributos. En el intercambio de valoraciones que se produce a partir de ese momento, llegan a comentar que "el juez tiene la consulta y nunca la ha utilizado....", y llegan a reconocer que "es vinculante para la administraci?n y ser? de aplicaci?n en cualquier otro caso en el que exista identidad de fondo".

En un momento dado de ese mismo d?a, el inspector Montero concluye: "Como alguien quiera tirar de ese hilo, respecto del que todav?a no se ha escrito nada, la cuesti?n puede ser a?n peor". Seguidamente, recuerda a su superior que en el auto del juez por el que se ped?a por segunda vez el informe se invocaba una sentencia de la Audiencia Nacional "que dec?a, al parecer, lo mismo que la Direcci?n General de Tributos".

Los responsables esperan que el juez no les pregunte espec?ficamente o pida aclaraci?n: "Pero si se nos pide un informe en el que examin?semos el efecto de nuestro criterio (...) con los presupuestos de hecho, que no derecho, del caso concreto.... crucemos los dedos, y ya guardo silencio", concluye el inspector en su ?ltimo correo a Mart?n-Abril.

Un expediente a la fiscal

Los emails, que evidencian las maniobras de la c?pula de Hacienda con Montoro de ministro, est?n en poder del titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Econ?mico (EE), que fund? en 2006 el propio Montoro y del que se desvincul? dos a?os después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, seg?n especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso esta redacci?n.

El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electr?nicos que el jefe de Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, ha ordenado a la fiscal Carmen Garc?a Cerd? que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupci?n conmin? a la fiscal, "ante las discrepancias ya surgidas en relaci?n con la direcci?n de esta causa", que se sometiera "al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos" sobre el procedimiento.

Adem?s, Luz?n ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal Garc?a Cerd?, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelaci?n de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacci?n. De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusaci?n, la fiscal podr?a ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta ?ltima acarrear?a su expulsi?n de Anticorrupci?n, y por tanto del procedimiento.

El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Mart?nez Rico, uno de los autores de los correos electr?nicos, es hermano de Ricardo Mart?nez Rico, que est? imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también est?n investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Econ?mico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este ?ltimo dirigi? la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fund? Montoro en 2006.



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