En Espa?a no hay un solo Sistema de Financiaci?n Auton?mica (SFA). Hay dos: el régimen foral, del que disfrutan en exclusiva Navarra y Pa?s Vasco, a las que la Constituci?n les reconoce unos «derechos hist?ricos» que se traducen en sus propios reg?menes fiscales –contribuyen al sostenimiento del Estado con un cupo u aportaci?n cuyo c?lculo siempre ha estado envuelto en controversia–, y el régimen aplicable al resto de autonom?as, las de régimen com?n. De entrada, por tanto, no todas las regiones reciben el mismo trato financiero. Es m?s, la singularizaci?n de Navarra y Pa?s Vasco por cuestiones hist?ricas, que no por desventajas materiales –son dos de los tres territorios con mayor renta por habitante–, es algo que no pocos expertos han puesto en cuesti?n. No obstante, el SFA que estos d?as ha vuelto al primer plano por la voluntad del Gobierno de Pedro S?nchez de darle a Catalu?a una financiaci?n «especial» es el que afecta a las comunidades de régimen com?n.

En términos gruesos, el SFA ordinario consiste en que la Hacienda estatal recauda una serie de impuestos –el IRPF, el IVA...– y emplea esos ingresos para, por un lado, sufragar el gasto p?blico propio*y, por otro, para echar una mano a las autonom?as pobres.

Hay ingresos, como los que deja el Impuesto sobre Sociedades, que el Estado se queda en su totalidad, mientras que hay otros tributos cuya recaudaci?n se cede, toda o en parte, a las comunidades aut?nomas, como ocurre con el 50% del IRPF o el 58% de los impuestos especiales. El caso es que todos esos dineros van a un fondo global y luego se distribuyen entre las 15 regiones de régimen com?n mediante una f?rmula que incluye variables como la poblaci?n, la superficie, la cifra de residentes mayores de 65 a?os... Hay un segundo fondo, el de suficiencia, para garantizar las necesidades de financiaci?n de todas las autonom?as, con lo que de alg?n modo funciona como un corrector de desajustes a posteriori .

Ese es, grosso modo, el sistema, cuya ?ltima actualizaci?n fue en 2009 y que, por tanto, est? m?s que caducado. La polémica viene porque de esa ?ltima revisi?n result? que hay tres comunidades que son contribuyentes netas, esto es, a las que les sale a pagar –Baleares, Catalu?a y, sobre todo, Madrid–, y otras doce, las restantes, que son receptoras netas, es decir, que el saldo les sale a favor. Por eso el tan manido Espanya ens roba de los independentistas catalanes, que obvian que Madrid aporta a la caja com?n mucho m?s que Catalu?a y que, sobre todo, obvian el principio de solidaridad.

Y luego est? Canarias, que ni es foral ni es del todo com?n. Las Islas disfrutan al amparo de Europa de un Régimen Econ?mico y Fiscal (REF) propio que, entre otras cosas, explica por qué en el Archipiélago no rige el IVA sino el IGIC, un IGIC que la Hacienda canaria gestiona y recauda. Y en esto est? el caballo de batalla del Gobierno regional, en evitar que los fondos que se derivan de su REF se descuenten de los dineros ordinarios del SFA, que es lo que ven?a ocurriendo hasta que en 2018 se lograra su desvinculaci?n. El problema es que esa desvinculaci?n, por m?s que en su d?a se viera definitiva, en realidad no lo es. Tocar? volver a pelear y a explicar que el REF no es una d?diva de Bruselas, sino el instrumento con que se compensan desventajas materiales –estas s?– como la lejan?a, la fragmentaci?n territorial o el peque?o mercado interior.



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