Agentes de la Polic?a Nacional han desarticulado con la detenci?n de 25 personas una organizaci?n que presuntamente defraud? a la Seguridad Social m?s de cuatro millones de euros mediante la capitalizaci?n de prestaciones de desempleo, ha informado la Jefatura Superior de Polic?a de Madrid.

Los arrestos se han llevado a cabo en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio P?blico de Empleo Estatal (SEPE).

La cifra de expedientes il?citos identificados supera los 400, formalizados entre los a?os 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados p?blicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.

La investigaci?n arranc? en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitaci?n de prestaciones de desempleo.

An?lisis inform?tico

En concreto, el an?lisis inform?tico detect? el acceso injustificado a m?ltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalizaci?n de la prestaci?n por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestaci?n que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo p?blico, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organizaci?n con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.

En primer lugar, la organizaci?n contaba con dos varones que desempe?aban el rol de direcci?n y captaci?n de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se deb?an realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestaci?n, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalizaci?n.

Asimismo, establec?an los contactos con los clientes, a los que dirig?an hasta una gestor?a del distrito madrile?o de Latina. En esta gestor?a se formalizaban los tr?mites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integr?ndose en este segundo grupo de la organizaci?n sus responsables y trabajadores.

Solicitud de ayudas

Estos tr?mites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir veh?culos o material inform?tico que deb?a servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tr?fico y un segundo que regentaba un concesionario de veh?culos pr?ximo a la citada oficina.

El tercero de los roles de relevancia dentro de la organizaci?n era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempe?ado por los empleados p?blicos detenidos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Direcci?n General del Servicio P?blico de Empleo de la Comunidad de Madrid -, quienes hac?an uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistem?tica y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los tr?mites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestaci?n.

A cambio de estas labores, los mencionados empleados p?blicos recib?an pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organizaci?n, que pod?an alcanzar hasta los 50.000 euros. Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios

En el cuarto eslab?n emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organizaci?n les hab?an contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones il?citamente obtenidas.

De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u ?rdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestaci?n.

Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigaci?n, el de recepci?n de beneficios.

?stos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organizaci?n o a cuentas personales de los mismos.

16 registros

La fase de explotaci?n de esta investigaci?n se desarroll? la pasada semana con la realizaci?n de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detenci?n de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposici?n judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelaci?n de secretos, blanqueo de capitales e integraci?n en organizaci?n criminal.

En los registros efectuados se intervinieron equipos inform?ticos y dispositivos m?viles, relojes de alta gama, m?s de 25.000 euros en efectivo, cuatro veh?culos y abundante documentaci?n, entre otros efectos.

Desde el momento inicial de la investigaci?n antes descrita, la comunicaci?n y coordinaci?n entre la Polic?a Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones p?blicas concernidas -Direcci?n General del Servicio P?blico de Empleo Estatal - SEPE (Ministerio de Trabajo y Econom?a Social), la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social y Direcci?n General del Servicio P?blico de Empleo de la Comunidad de Madrid (Consejer?a de Hacienda y Empleo)- result? ser completa y de gran eficacia, estableciéndose desde el primer momento como objetivo com?n el esclarecimiento de los hechos.

Denuncia de Madrid

Fuentes de la Consejer?a de Econom?a, Hacienda Y empleo han detallado a Europa Press que en octubre de 2022 la Direcci?n General del Servicio P?blico de Empleo puso en conocimiento del SEPE una incidencia de seguridad inform?tica y solicit? una auditor?a sobre el uso de informaci?n por parte de una empleada que estaba en ese momento de baja laboral.

Seg?n la Comunidad, las actuaciones que realizaba se hac?an de forma remota y reiterada. Adem?s, el 89% de estas gestiones estaban vinculadas a perceptores de alg?n tipo de prestaci?n o se les ha reconocido ese derecho tras los movimientos realizados por la trabajadora.

Tras la auditor?a y recabar la informaci?n pertinente, en diciembre de 2022 la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia contra dicha trabajadora, haciéndose cargo de la investigaci?n la secci?n de ciberseguridad de la Polic?a Nacional. M?s tarde, el SEPE se sum? a la denuncia.



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