El empresario Alberto Gonz?lez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D?az Ayuso, prepara una querella contra la ministra de Hacienda, Mar?a Jes?s Montero, y contra la Agencia Tributaria por revelaci?n de secretos en relaci?n con su situaci?n fiscal y patrimonial, seg?n ha adelantado este viernes la Cadena Cope y ha confirmado El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial.

También contra la Fiscal?a de Madrid por difundir un comunicado que inclu?a datos del e-mail en el que su defensa reconoce los delitos que se le imputan por impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades, dirigido a lograr un pacto que evite el juicio y rebaje las condenas.

Por parte del despacho Garrido donde ejerce el abogado Carlos Neira, que es el que asiste al empresario respecto a la denuncia presentada por la Fiscal?a por dos delitos de fraude a Hacienda y otro de falsedad documental, se se?ala a El Peri?dico de Espa?a que este bufete no van a presentar "ninguna denuncia ni querella contra la Ministra de Hacienda, ni contra la AEAT, ni contra la Fiscal?a". La acci?n penal, no obstante, podr?a haberse encargado a otro despacho m?s especializado en dicho asunto.

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La presidenta Ayuso ya acus? este miércoles en Leganés a la ministra Montero de ir filtrando “por los pasillos” del Senado informaci?n acerca del caso cuando esta ni siquiera se hab?a publicado a?n. Se refer?a al hecho de que fuera Montero quien mencionara que el supuesto delito del novio estaba relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando hasta ese momento las informaciones publicadas a?n no hab?an detallado este punto y solo hablaban de supuestas facturas falsas y delito fiscal sin especificar nada m?s.

En cuanto a la nota de la Fiscal?a de Madrid, en ella se informa sobre el ofrecimiento del letrado de Gonz?lez Amador junto con la respuesta de la Fiscal?a apuntando la posibilidad de un acuerdo. Su difusi?n ha merecido un severo reproche por parte del Colegio de la Abogac?a de Madrid (ICAM), que considera "de extrema gravedad" la difusi?n de datos concretos de unas diligencias de investigaci?n, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.

La difusi?n de esta nota coincide con la inminente llegada al ICAM, como nuevo secretario general, de quien hasta ahora era el jefe de los servicios jur?dicos de la Comunidad de Madrid, Luis Banciella Rodr?guez-Mi??n, seg?n ha podido saber EPE.

Seg?n recuerda esta instituci?n, el Estatuto de la Abogac?a establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesi?n, garantizando as? la confianza y la protecci?n de los derechos de su defendido. A ello se une que el Estatuto Org?nico del Ministerio Fiscal hace hincapié "en el secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreci?n inherentes al cargo, as? como a los derechos de los implicados".

Por ello, consideran que la divulgaci?n de informaci?n relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una "vulneraci?n de estos principios b?sicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuaci?n del Ministerio Fiscal". Los abogados tratar?n este asunto en la Junta de Gobierno de la instituci?n que se reunir? el pr?ximo lunes y defender? el derecho de defensa "llegando hasta las ?ltimas consecuencias".

Intervenci?n del fiscal general

También se ha pronunciado sobre este asunto la Asociaci?n Pofesional e Independiente de Fiscales APIF, que considera que la revelaci?n de los correos electr?nicos por parte de la Fiscal?a de Madrid "causa un perjuicio evidente al investigado y, adem?s, teniendo en cuenta la relevancia de la persona investigada, por su relaci?n con un alto cargo p?blico, aleja a la Fiscal?a del papel de absoluta neutralidad, en el ?mbito pol?tico, que debe desempe?ar siempre como instituci?n".

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Para estos fiscales es importante subrayar que las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado "no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal por afectar al derecho que el abogado tiene a la reserva de las mismas". Por esta raz?n solicitan al fiscal general de Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz, que "desautorice la pr?ctica de revelar por los miembros del Ministerio Fiscal el contenido de las propuestas en casos de conformidad que se formulen, ordenando a todas las Fiscal?as guardar el deber de sigilo que legalmente est? impuesto".

El pasado 2 de marzo, el abogado Carlos Neira comunic? a la Fiscal?a que es "voluntad firme" de su cliente "alcanzar una conformidad penal, reconociendo ?ntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda P?blica) as? como proceder a resarcir el da?o causado pagando ?ntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT".

La respuesta del representante del Ministerio P?blico al que le corresponde el caso lleg? diez d?as m?s tarde, el pasado 12 de marzo. En su comunicaci?n, el fiscal Juli?n Salto Torres adjunta copia de la denuncia presentada en los Juzgados de Madrid y a?ade que aunque ésta afecta también a otras personas: "No ser? obst?culo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".

En su comunicado p?blico, la Fiscal?a de Madrid hac?a p?blicas dichas misivas para concluir que, "en definitiva, el ?nico pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptaci?n de una sanci?n penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Don Alberto Gonz?lez Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024".



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