El historiador Josep Llu?s Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha preferido no agotar el plazo de 10 d?as que concedi? el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?a Castell?n para pronunciarse sobre la aplicaci?n de la amnist?a a la causa de Tsunami Democràtic y le ha reclamado que acuerde su sobreseimiento libre, como prevé la norma que entr? en vigor la semana pasada, para quedar exento de cualquier responsabilidad penal.

En un escrito de 12 p?ginas, al que ha tenido acceso EL PERI?DICO, la defensa de Alay, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, argumenta que los delitos de terrorismo que se imputan en la causa son inexistentes, pero en cualquier caso estar?an fuera de los declarados exentos por la propia ley de amnist?a, pese al fallecimiento del ciudadano francés, que sufri? un infarto durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat-Barcelona.

En este sentido argumenta que faltar?a el requisito previsto en la propia ley de amnist?a para dejar fuera los casos en que se hubiera producido una muerte, porque exige intencionalidad. "Mucho se ha especulado y abusado respecto de un suceso luctuoso acaecido el d?a de la manifestaci?n de Tsunami. Sin embargo, se mire por donde se mire, dicho hecho, que no guarda relaci?n alguna con la manifestaci?n, no puede ser calificado de intencionado", asegura el escrito, que a?ade que se trat? de una muerte "fortuita y jam?s intencionada" no relacionada con las manifestaciones de Tsunami Democràtic.

A?ade que las manifestaciones organizadas por la plataforma Tsunami Democràtic en ning?n caso pueden verse como "actos que puedan ser calificados como violaciones de los derechos reconocidos en el art?culo 3 del Convenio, que proh?be la tortura y los tratos inhumanos o degradantes", que son los ?nicos que quedan excluidos de la amnist?a. "En definitiva, en el caso que nos ocupa, es evidente que no estamos ante la vulneraci?n de ninguno de estos dos preceptos", se?ala el escrito.*

"Estamos ante unos hechos que no pasan de ser el ejercicio leg?timo del derecho de manifestaci?n, por muy amplias y concurridas que hayan sido esas manifestaciones", por lo que procede aplicar la ley que entr? en vigor la semana pasada y "declarar amnistiados los hechos por los que se investigaba" a Alay, cuya estado de salud impidi? al magistrado citarle a declarar por videoconferencia, cuando solo se present? en los juzgados de Barcelona la dirigente de ERC Marta Molina.



أكثر...