El Gobierno incluy? el pasado mes de diciembre en un decreto ?mnibus de Justicia la trasposici?n de una directiva europea para reforzar la suspensi?n de los procedimientos cuando los tribunales presenten cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea. Junts se opuso por considerar que pon?a en “peligro” la aplicaci?n de la amnist?a, pero el Ejecutivo lo justific? porque no supon?a grandes cambios con respecto a la legislaci?n nacional y era un compromiso del plan de recuperaci?n para recibir el siguiente desembolso de los fondos europeos. Sin embargo, apenas un mes después pact? con Junts su derogaci?n a futuro a cambio de que se abstuviese en la aprobaci?n de los tres primeros decretos de la legislatura. Ahora, el Ejecutivo ha cumplido su compromiso. Como ha adelantado El Confidencial, el decreto anticrisis publicado esta ma?ana en el BOE incluye la derogaci?n del art?culo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fuentes independentistas recalcan que era “importante” esta derogaci?n y dan cuenta de las presiones que ejercieron sobre el Gobierno durante los ?ltimos meses para cumplir este compromiso. Tanto desde Junts como desde ERC. Fuentes cercanas al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bola?os, ratifican que la supresi?n de este art?culo forma parte de un acuerdo pactado hace seis meses con los independentistas catalanes y restan importancia a sus efectos jur?dicos.

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“La disposici?n derogatoria ?nica suprime, en particular, el art?culo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de modo que sean los ?rganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea, fundamentalmente a partir del art?culo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Uni?n Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos”, recoge el decreto en su exposici?n de motivos.

La derogaci?n coincide con el choque subterr?neo entre el Ejecutivo y los representantes del ministerio p?blico que se oponen a la orden de aplicar la amnist?a a todos los delitos. Los fiscales del 'procés' recurrieron la pasada semana al art?culo 27 del Estatuto Fiscal, previsto cuando se discrepa de la orden recibida de un superior. En base a ello, se reuni? la Junta de Fiscales de Sala para determinar si la amnist?a es aplicable a los l?deres del 'procés condenados por malversaci?n, como el expresidente de ERC, Oriol Junqueras, o procesados en rebeld?a por este delito, como el expresidente catal?n Carles Puigdemont.

Fractura entre los fiscales

En dicho encuentro se visibiliz? una fractura total, aunque la mayor?a de sus miembros han sido aupados a la c?pula de la carrera fiscal durante el mandato de Dolores Delgado y de Garc?a Ortiz. La c?pula de la carrera judicial ha avalado la aplicaci?n de la amnist?a en todos los delitos con un resultado de 19 votos frente a 17. Todo ello, cuando de sus 38 miembros, un total de 23 tienen su origen en la Uni?n Progresista de Fiscales (UPF), a la que el propio fiscal general pertenec?a antes de ser designado fiscal general.

La m?xima de Moncloa pasa por no trasladar ninguna preocupaci?n ante los primeros movimientos de los jueces, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de amnist?a y la fractura entre los fiscales. Con todo, en los ?ltimos d?as han ido subiendo el tono desde la advertencia de que los jueces tienen que tener en cuenta la voluntad del legislador hasta que la norma ser?a clara y apenas hay margen de interpretaci?n por su parte.

En privado, distintos ministros socialistas reconoc?an en los ?ltimos d?as sus dudas sobre que la amnist?a se aplique en un corto espacio de tiempo a los condenados por malversaci?n. Para los independentistas, esta modificaci?n legislativa incluida en el decreto anticrisis puede ayudar a blindar su aplicaci?n.



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