Por segunda vez este mes, cuando se cumplen dos a?os desde que dio un vuelco a los derechos reproductivos en Estados Unidos al derogar la protecci?n constitucional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo ha dado una victoria, siquiera temporal, a los defensores de ese derecho y a la Administraci?n de Joe Biden.

El Alto Tribunal, por una mayor?a 6-3, ha decidido permitir que médicos de urgencias en Idaho, uno de los estados que tras la derogaci?n de Roe v Wade ha adoptado una de las legislaciones m?s restrictivas, puedan seguir practicando abortos en casos en que el embarazo represente riesgos para la salud de la madre.

Se trata, no obstante, de una decisi?n temporal mientras el caso vuelve a tribunales inferiores. Y el fallo (que coincide b?sicamente con el texto que se hab?a publicado por error brevemente en la web del Supremo la v?spera) no resuelve la cuesti?n central: si hay normas federales que impiden prohibiciones estatales tan dr?sticas como la de Idaho, que se han instaurado en muchos estados conservadores desde la derogaci?n de Roe.

El combate por los derechos reproductivos y la lucha por garantizarlos ante la oleada de normas restrictivas en estados republicanos es central para los dem?cratas en la campa?a electoral de las presidenciales de noviembre que miden a Biden y Donald Trump. Y aunque este era el primer caso en el que el Supremo estudiaba ese duelo entre poder federal y estatal en esta cuesti?n, al renovar la litigaci?n hace dif?cil pensar que la m?s alta instancia judicial vaya a adoptar una posici?n que siente jurisprudencia antes de los comicios.

“Situaci?n tr?gica”

Precisamente la salida tangencial del Supremo es lo que ha llevado a una de las tres juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson, a oponerse a la decisi?n. “No es una victoria para pacientes embarazadas, es un retraso”, ha escrito la magistrada, que ha denunciado que el tribunal ha “desaprovechado la oportunidad de poner claridad y certeza en esta situaci?n tr?gica”.

“Mientras este tribunal pierde el tiempo y el pa?s espera, gente embarazada que experimenta problemas médicos de emergencia sigue en una posici?n precaria conforme los médicos siguen sin saber lo que la ley requiere”, opina la jueza. “Mientras nos neguemos a declarar lo que la ley requiere, pacientes embarazadas en Idaho, Texas y otros estados pagar?n el precio”.

Esa salida es también similar a la que adopt? recientemente con la mifepristona. En ese caso por unanimidad decidieron mantener el acceso a la p?ldora abortiva, pero solo porque negaron base legal para demandar a quienes hab?an intentado limitar el acceso. El fondo del caso qued? también sin resolver.

La ley de Idaho

La ley de Idaho ilegaliz? el aborto salvo en casos de incesto, violaci?n, algunos de embarazos inviables y cuando era necesario para evitar la muerte de la madre. Contemplaba cargos penales, c?rcel y pérdida de licencias para los médicos que los practicaran.



El gobierno de Biden acudi? a los tribunales asegurando que la esa ley estatal vulneraba otra federal, firmada por el antiabortista Ronald Reagan, que en hospitales que trabajan con Medicare (recibiendo fondos federales del sistema de salud p?blico) obliga a los médicos a tratamientos de urgencia, incluyendo abortos, para estabilizar a pacientes que no solo enfrentan riesgo de muerte sino también otros como un fallo en los ?rganos o pérdida de fertilidad. Por segunda vez este mes, cuando se cumplen dos a?os desde que dio un vuelco a los derechos reproductivos en Estados Unidos al derogar la protecci?n constitucional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo ha dado una victoria, siquiera temporal, a los defensores de ese derecho y a la Administraci?n de Joe Biden.

El Alto Tribunal, por una mayor?a 6-3, ha decidido permitir que médicos de urgencias en Idaho, uno de los estados que tras la derogaci?n de Roe v Wade ha adoptado una de las legislaciones m?s restrictivas, puedan seguir practicando abortos en casos en que el embarazo represente riesgos para la salud de la madre.

Se trata, no obstante, de una decisi?n temporal mientras el caso vuelve a tribunales inferiores. Y el fallo (que coincide b?sicamente con el texto que se hab?a publicado por error brevemente en la web del Supremo la v?spera) no resuelve la cuesti?n central: si hay normas federales que impiden prohibiciones estatales tan dr?sticas como la de Idaho, que se han instaurado en muchos estados conservadores desde la derogaci?n de Roe.

El combate por los derechos reproductivos y la lucha por garantizarlos ante la oleada de normas restrictivas en estados republicanos es central para los dem?cratas en la campa?a electoral de las presidenciales de noviembre que miden a Biden y Donald Trump. Y aunque este era el primer caso en el que el Supremo estudiaba ese duelo entre poder federal y estatal en esta cuesti?n, al renovar la litigaci?n hace dif?cil pensar que la m?s alta instancia judicial vaya a adoptar una posici?n que siente jurisprudencia antes de los comicios.



“Situaci?n tr?gica”

Precisamente la salida tangencial del Supremo es lo que ha llevado a una de las tres juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson, a oponerse a la decisi?n. “No es una victoria para pacientes embarazadas, es un retraso”, ha escrito la magistrada, que ha denunciado que el tribunal ha “desaprovechado la oportunidad de poner claridad y certeza en esta situaci?n tr?gica”.

“Mientras este tribunal pierde el tiempo y el pa?s espera, gente embarazada que experimenta problemas médicos de emergencia sigue en una posici?n precaria conforme los médicos siguen sin saber lo que la ley requiere”, opina la jueza. “Mientras nos neguemos a declarar lo que la ley requiere, pacientes embarazadas en Idaho, Texas y otros estados pagar?n el precio”.

Esa salida es también similar a la que adopt? recientemente con la mifepristona. En ese caso por unanimidad decidieron mantener el acceso a la p?ldora abortiva, pero solo porque negaron base legal para demandar a quienes hab?an intentado limitar el acceso. El fondo del caso qued? también sin resolver.

La ley de Idaho

La ley de Idaho ilegaliz? el aborto salvo en casos de incesto, violaci?n, algunos de embarazos inviables y cuando era necesario para evitar la muerte de la madre. Contemplaba cargos penales, c?rcel y pérdida de licencias para los médicos que los practicaran.



El gobierno de Biden acudi? a los tribunales asegurando que la esa ley estatal vulneraba otra federal, firmada por el antiabortista Ronald Reagan, que en hospitales que trabajan con Medicare (recibiendo fondos federales del sistema de salud p?blico) obliga a los médicos a tratamientos de urgencia, incluyendo abortos, para estabilizar a pacientes que no solo enfrentan riesgo de muerte sino también otros como un fallo en los ?rganos o pérdida de fertilidad.



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